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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014
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Presa de su marido

Un hombre que le colocaba a su mujer un cinturón de castidad fue absuelto por la justicia de Entre Ríos, al no encontrar elementos de prueba suficientes para acusarlo. ¿Cómo pueden probarse estos casos de violencia para que quienes los aplican paguen su merecida condena?

Antes de salir por la mañana con su remis, Angel Marcelo Giordano, le colocaba a su mujer un cinturón de castidad y se lo quitaba a la vuelta del trabajo. El cinto le impedía a María Sandra Lescano, empleada doméstica de 24 años y mamá de dos chicos, orinar o higienizarse, porque su marido se llevaba la llave del candado. Giordano le atravesaba una cadena por el pasacintos del pantalón de jean y la sujetaba con el cerrojo. Para poder ir al baño, la mujer debía descoser la tela y volverla a coser antes de que él llegara para evitar su ira. Cuando ya no pudo más, María contó su calvario a una vecina, que la alojó en su casa y le dio fuerzas para denunciarlo. Aunque presentó la cadena y el candado con que era sometida, la Sala 1 de la Cámara del Crimen de Paraná, Provincia de Entre Ríos, encontró a Giordano libre de los cargos en su contra por privación ilegítima de la libertad, entre otras cosas, porque nadie más que su vecina y amiga vio a la mujer encadenada. Y porque al no haber existido violencia física, el delito de privación de la libertad contemplado en el Código Penal que se le imputaba no sería tal, puesto que la mujer podía ir a trabajar y movilizarse con la cadena puesta. Suena absurdo enterarse de casos como éste en el siglo 21. Esta práctica propia de la Edad Media, (cuando los señores feudales disponían a su gusto de las mujeres de sus vasallos y ellos les colocaban cintos para preservarlas castas mientras marchaban a la guerra) subsiste para algunos y muy cerca de nosotros. ¿Cómo pueden probarse estos casos de violencia? Cabe destacar que, cuando se habla de violencia, no sólo debe acotarse esta temática a la agresión física, ya que en muchos casos la violencia psicológica deja secuelas mucho más profundas que las marcas visibles en el cuerpo. El artículo 142 del Código Penal prevé en su inciso 2, penas que van de los dos a los seis años de prisión para quien prive de su libertad personal a un ascendiente, hermano/a, esposo/a u otro individuo al que se deba respeto particular. No obstante, hay jurisprudencia dividida sobre este punto. Jueces que consideran la privación de la libertad sólo cuando a la víctima le está limitado el desplazamiento. Según esta interpretación no se trataría de una privación ilegítima de la libertad, puesto que la mujer estaba en condiciones de desplazarse y hacer la denuncia por sus propios medios. Otros jueces, en cambio, pueden hallar la falta de libertad en la cadena y el candado que oprimían a la mujer y en la restricción lógica que sufría para denunciar a su marido, debido a las amenazas que éste le infligía. ¿La amenaza es delito? Sí. Porque persigue un sometimiento involuntario y el temor de la víctima a sufrir un castigo mayor por delatar a su agresor. Según el artículo 149 bis del Código Penal tendrá prisión de dos a cuatro años el que amenace ´con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad´. ¿Cómo se prueba que existieron amenazas? Ante un delito que no deja huellas visibles, la declaración de testigos es fundamental para reforzar la prueba. El problema más grave que presentan estos casos de violencia familiar es que se desarrollan dentro del hogar, lejos de la mirada de los demás. La justicia debe determinar además si no existió algún tipo de consentimiento por parte de la víctima, ya que el delito se constituye si hubo una agresión física o psíquica. Aunque también es cierto que, la mayoría de las veces, la persona acepta el sometimiento por temor, inseguridad, miedo al abandono, baja autoestima o la influencia psicológica que ejerce sobre ella su agresor. Y no porque disfrute de su esclavismo. Si el delito no está tipificado en el Código Penal, ¿puede no haber condena? Según el Código Penal no se puede emplear la analogía, esto es, el parecido con otros delitos. Por lo tanto, su criterio de aplicación es más restrictivo que el correspondiente al Código Civil, lo cual hace más factible de probar un padecimiento de este tipo por el último fuero, donde intervienen otros elementos de prueba como las pericias psiquiátricas. De todos modos, un fallo desfavorable para la víctima no la inhibe de iniciar acciones en la justicia civil. ¿Qué puede reclamar en el fuero civil? Puede iniciar una acción por daños y perjuicios, dentro de la cual se encuadra:
  • Daño físico: las agresiones sufridas en el cuerpo por la víctima.
  • Lucro cesante, por las ganancias que se privó de percibir en su profesión o actividad laboral durante el período de convalecencia.
  • Daño moral: corresponde a los padecimientos psicológicos de la víctima y las depresiones posteriores que afecten la normalidad de su vida.
Podría hablarse también del delito de injurias, que son aquellos delitos que atentan contra el honor o la integridad moral de las personas. ¿Qué debo hacer ante un acto de violencia como éste? Denunciar, ante todo. Muchas veces las comisarías no están preparadas ni su personal educado para recibir esta clase de denuncias, excepto en las comisarías de la mujer de la Provincia de Buenos Aires, donde cuentan con personal especializado. Porque estas personas no sólo necesitan protección física, sino también apoyo y contención emocional. Otros organismos para denunciar son las fiscalías de turno ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, incluidos los 18 departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, en los cuales puede asentarse la denuncia. Es aconsejable dirigirse a organismos oficiales que traten la temática de la violencia familiar, como la Dirección de la Mujer (para residentes en Capital Federal pero con asesoramiento telefónico y derivación a los centros más próximos para denuncias desde cualquier lugar del país), o las Procuraciones generales a nivel nacional o provincial, equipadas con oficinas de atención a las víctimas de delitos.

Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

Presa de su marido

Un hombre que le colocaba a su mujer un cinturón de castidad fue absuelto por la justicia de Entre Ríos, al no encontrar elementos de prueba suficientes para acusarlo. ¿Cómo pueden probarse estos casos de violencia para que quienes los aplican paguen su merecida condena?

Presa de su marido
Antes de salir por la mañana con su remis, Angel Marcelo Giordano, le colocaba a su mujer un cinturón de castidad y se lo quitaba a la vuelta del trabajo. El cinto le impedía a María Sandra Lescano, empleada doméstica de 24 años y mamá de dos chicos, orinar o higienizarse, porque su marido se llevaba la llave del candado. Giordano le atravesaba una cadena por el pasacintos del pantalón de jean y la sujetaba con el cerrojo. Para poder ir al baño, la mujer debía descoser la tela y volverla a coser antes de que él llegara para evitar su ira. Cuando ya no pudo más, María contó su calvario a una vecina, que la alojó en su casa y le dio fuerzas para denunciarlo. Aunque presentó la cadena y el candado con que era sometida, la Sala 1 de la Cámara del Crimen de Paraná, Provincia de Entre Ríos, encontró a Giordano libre de los cargos en su contra por privación ilegítima de la libertad, entre otras cosas, porque nadie más que su vecina y amiga vio a la mujer encadenada. Y porque al no haber existido violencia física, el delito de privación de la libertad contemplado en el Código Penal que se le imputaba no sería tal, puesto que la mujer podía ir a trabajar y movilizarse con la cadena puesta. Suena absurdo enterarse de casos como éste en el siglo 21. Esta práctica propia de la Edad Media, (cuando los señores feudales disponían a su gusto de las mujeres de sus vasallos y ellos les colocaban cintos para preservarlas castas mientras marchaban a la guerra) subsiste para algunos y muy cerca de nosotros. ¿Cómo pueden probarse estos casos de violencia? Cabe destacar que, cuando se habla de violencia, no sólo debe acotarse esta temática a la agresión física, ya que en muchos casos la violencia psicológica deja secuelas mucho más profundas que las marcas visibles en el cuerpo. El artículo 142 del Código Penal prevé en su inciso 2, penas que van de los dos a los seis años de prisión para quien prive de su libertad personal a un ascendiente, hermano/a, esposo/a u otro individuo al que se deba respeto particular. No obstante, hay jurisprudencia dividida sobre este punto. Jueces que consideran la privación de la libertad sólo cuando a la víctima le está limitado el desplazamiento. Según esta interpretación no se trataría de una privación ilegítima de la libertad, puesto que la mujer estaba en condiciones de desplazarse y hacer la denuncia por sus propios medios. Otros jueces, en cambio, pueden hallar la falta de libertad en la cadena y el candado que oprimían a la mujer y en la restricción lógica que sufría para denunciar a su marido, debido a las amenazas que éste le infligía. ¿La amenaza es delito? Sí. Porque persigue un sometimiento involuntario y el temor de la víctima a sufrir un castigo mayor por delatar a su agresor. Según el artículo 149 bis del Código Penal tendrá prisión de dos a cuatro años el que amenace ´con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad´. ¿Cómo se prueba que existieron amenazas? Ante un delito que no deja huellas visibles, la declaración de testigos es fundamental para reforzar la prueba. El problema más grave que presentan estos casos de violencia familiar es que se desarrollan dentro del hogar, lejos de la mirada de los demás. La justicia debe determinar además si no existió algún tipo de consentimiento por parte de la víctima, ya que el delito se constituye si hubo una agresión física o psíquica. Aunque también es cierto que, la mayoría de las veces, la persona acepta el sometimiento por temor, inseguridad, miedo al abandono, baja autoestima o la influencia psicológica que ejerce sobre ella su agresor. Y no porque disfrute de su esclavismo. Si el delito no está tipificado en el Código Penal, ¿puede no haber condena? Según el Código Penal no se puede emplear la analogía, esto es, el parecido con otros delitos. Por lo tanto, su criterio de aplicación es más restrictivo que el correspondiente al Código Civil, lo cual hace más factible de probar un padecimiento de este tipo por el último fuero, donde intervienen otros elementos de prueba como las pericias psiquiátricas. De todos modos, un fallo desfavorable para la víctima no la inhibe de iniciar acciones en la justicia civil. ¿Qué puede reclamar en el fuero civil? Puede iniciar una acción por daños y perjuicios, dentro de la cual se encuadra:
  • Daño físico: las agresiones sufridas en el cuerpo por la víctima.
  • Lucro cesante, por las ganancias que se privó de percibir en su profesión o actividad laboral durante el período de convalecencia.
  • Daño moral: corresponde a los padecimientos psicológicos de la víctima y las depresiones posteriores que afecten la normalidad de su vida.
Podría hablarse también del delito de injurias, que son aquellos delitos que atentan contra el honor o la integridad moral de las personas. ¿Qué debo hacer ante un acto de violencia como éste? Denunciar, ante todo. Muchas veces las comisarías no están preparadas ni su personal educado para recibir esta clase de denuncias, excepto en las comisarías de la mujer de la Provincia de Buenos Aires, donde cuentan con personal especializado. Porque estas personas no sólo necesitan protección física, sino también apoyo y contención emocional. Otros organismos para denunciar son las fiscalías de turno ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, incluidos los 18 departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, en los cuales puede asentarse la denuncia. Es aconsejable dirigirse a organismos oficiales que traten la temática de la violencia familiar, como la Dirección de la Mujer (para residentes en Capital Federal pero con asesoramiento telefónico y derivación a los centros más próximos para denuncias desde cualquier lugar del país), o las Procuraciones generales a nivel nacional o provincial, equipadas con oficinas de atención a las víctimas de delitos.

Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.