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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014

Plan de ahorro

El Gobierno lanzó un plan para racionar el consumo de la electricidad y el gas. Prevé premios para los usuarios que ahorren, como mínimo, un 5 por ciento respecto a igual período del año anterior. Los castigos recaerán, en tanto, en los usuarios que superen este valor. ¿Corresponden los aumentos?

El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días un plan de premios y castigos para los usuarios de luz y gas. La medida intenta reducir el impacto de la crisis energética en el crecimiento de la economía. Los recortes a la exportación de gas a Chile generaron roces diplomáticos con el país trasandino, que acusó al nuestro de incumplir los acuerdos firmados entre ambos. Sin embargo, la reducción del suministro es insuficiente para satisfacer la demanda de combustible local, que en marzo aumentó un 14 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Tampoco alcanzarán los envíos de casi 1.3 millones de litros de fuel oil traídos de Venezuela y la importación de 4 millones de metros cúbicos diarios de gas que aportará Bolivia; a condición, en este último caso, de que ni un metro cúbico se revenda a Chile, en vista del conflicto fronterizo que mantienen ambos países. Por este motivo, se instrumentará en los próximos días un sistema de premios y castigos, similar al que utilizó Brasil cuando tuvo que enfrentar su crisis energética, y que le significó un ahorro del 20 por ciento en el consumo de combustible. Para nuestro país, las cifras más alentadoras estiman que el ahorro de energía será de entre el 5 y 7 por ciento. De esta manera, los usuarios de casas y comercios que consuman hasta el 95 por ciento del gas o la luz que en igual período del año anterior, recibirán una rebaja en la cuota que será acreditada en la factura siguiente. Del mismo modo, quienes superen esa cuota pagarán un sobreprecio, que se debitará en la boleta posterior al exceso en el consumo. El uso racional del gas y la electricidad por medio de un sistema que recompensa o sanciona según el consumo, genera descontento en los usuarios, que ven en esta crisis, por un lado, un manejo irresponsable de las empresas de combustibles y, por el otro, un Estado ausente, incapaz de controlar las inversiones que aquéllas dejaron de hacer durante años. ¿Es correcto el plan de premios y castigos para reducir la crisis de energía? Las respuestas varían según el enfoque que se les dé. Según explicó a Defiéndase el titular adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena, el aumento de la tarifa de electricidad y gas “no cumple con las pautas legales acordadas en los contratos de concesión entre el Estado y las empresas de servicios públicos privatizadas, donde se establece que previo a un aumento, las partes interesadas se deben sentar a discutir la adecuación de los precios a la realidad del momento, en base a las ganancias de las energéticas y al impacto que genera el alza en los usuarios.” Alimena agregó que “es repulsivo de un gobierno castigar el consumo y dejar al usuario cautivo”, en lugar de resguardar sus intereses. Dijo además que “el Estado falla cuando permite que las petroleras elijan vender al exterior el gas a 1.40 dólar; el mismo que nosotros pagamos 45 centavos, ya que se trata de un recurso argentino.” El abogado especializado en derecho de consumidores y usuarios, Gabriel Binstein, señaló que es viable plantear una objeción jurídica al aumento de las tarifas de luz y gas. Señaló que para permitir los aumentos “haría falta aplicar un mecanismo de consulta y consenso entre los distintos sectores involucrados”: organismos de defensa de los usuarios, ONG, el Estado Nacional y los proveedores y distribuidores del servicio. Por otra parte, aclaró que no está en discusión tanto el aumento como la manera en que se aplica. Lo justificó en parte, porque “estamos ante una situación de emergencia y es una decisión acertada del gobierno priorizar que no falte gas ni luz en las casas, aun en perjuicio de las industrias o de la exportación de gas a Chile.” Reconoció que “la tarifa del gas local es muy baja en relación a los valores de ese combustible en el orden mundial”, aunque precisó que no sucede lo mismo con el elevado precio del gas de garrafa, que consumen los sectores más humildes. No obstante, pueden surgir inequidades. Para los usuarios afectados por el alza en las tarifas, Binstein propuso la vía rápida de la acción de amparo, para que el juez disponga en forma inmediata dejar sin efecto el aumento, por el perjuicio que causa en ciertos hogares; sobre todo “en los que tuvieron el inmueble desocupado el año pasado y este año lo alquilan”, registrando un aumento del 100 por ciento en el consumo. ´AbogadoConsultado sobre la solución jurídica al aumento de los servicios públicos, el abogado civilista Esteban Otero precisó que, debido a la crisis de fondo del sistema energético, el Estado tiene facultad para ordenar que se racione el consumo, “en tanto se funde en el derecho de garantizar el suministro a todos los usuarios”. Advirtió que las medidas a tomar deben atender las distintas necesidades de los grupos familiares, puesto que “una familia humilde con 7 hijos puede consumir más que una persona pudiente que vive sola, y sería injusto que pague más el que menos tiene”, afirmó el letrado.

Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

Plan de ahorro

El Gobierno lanzó un plan para racionar el consumo de la electricidad y el gas. Prevé premios para los usuarios que ahorren, como mínimo, un 5 por ciento respecto a igual período del año anterior. Los castigos recaerán, en tanto, en los usuarios que superen este valor. ¿Corresponden los aumentos?

<celeste>Plan de ahorro
El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días un plan de premios y castigos para los usuarios de luz y gas. La medida intenta reducir el impacto de la crisis energética en el crecimiento de la economía. Los recortes a la exportación de gas a Chile generaron roces diplomáticos con el país trasandino, que acusó al nuestro de incumplir los acuerdos firmados entre ambos. Sin embargo, la reducción del suministro es insuficiente para satisfacer la demanda de combustible local, que en marzo aumentó un 14 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Tampoco alcanzarán los envíos de casi 1.3 millones de litros de fuel oil traídos de Venezuela y la importación de 4 millones de metros cúbicos diarios de gas que aportará Bolivia; a condición, en este último caso, de que ni un metro cúbico se revenda a Chile, en vista del conflicto fronterizo que mantienen ambos países. Por este motivo, se instrumentará en los próximos días un sistema de premios y castigos, similar al que utilizó Brasil cuando tuvo que enfrentar su crisis energética, y que le significó un ahorro del 20 por ciento en el consumo de combustible. Para nuestro país, las cifras más alentadoras estiman que el ahorro de energía será de entre el 5 y 7 por ciento. De esta manera, los usuarios de casas y comercios que consuman hasta el 95 por ciento del gas o la luz que en igual período del año anterior, recibirán una rebaja en la cuota que será acreditada en la factura siguiente. Del mismo modo, quienes superen esa cuota pagarán un sobreprecio, que se debitará en la boleta posterior al exceso en el consumo. El uso racional del gas y la electricidad por medio de un sistema que recompensa o sanciona según el consumo, genera descontento en los usuarios, que ven en esta crisis, por un lado, un manejo irresponsable de las empresas de combustibles y, por el otro, un Estado ausente, incapaz de controlar las inversiones que aquéllas dejaron de hacer durante años. ¿Es correcto el plan de premios y castigos para reducir la crisis de energía? Las respuestas varían según el enfoque que se les dé. Según explicó a Defiéndase el titular adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena, el aumento de la tarifa de electricidad y gas “no cumple con las pautas legales acordadas en los contratos de concesión entre el Estado y las empresas de servicios públicos privatizadas, donde se establece que previo a un aumento, las partes interesadas se deben sentar a discutir la adecuación de los precios a la realidad del momento, en base a las ganancias de las energéticas y al impacto que genera el alza en los usuarios.” Alimena agregó que “es repulsivo de un gobierno castigar el consumo y dejar al usuario cautivo”, en lugar de resguardar sus intereses. Dijo además que “el Estado falla cuando permite que las petroleras elijan vender al exterior el gas a 1.40 dólar; el mismo que nosotros pagamos 45 centavos, ya que se trata de un recurso argentino.” El abogado especializado en derecho de consumidores y usuarios, Gabriel Binstein, señaló que es viable plantear una objeción jurídica al aumento de las tarifas de luz y gas. Señaló que para permitir los aumentos “haría falta aplicar un mecanismo de consulta y consenso entre los distintos sectores involucrados”: organismos de defensa de los usuarios, ONG, el Estado Nacional y los proveedores y distribuidores del servicio. Por otra parte, aclaró que no está en discusión tanto el aumento como la manera en que se aplica. Lo justificó en parte, porque “estamos ante una situación de emergencia y es una decisión acertada del gobierno priorizar que no falte gas ni luz en las casas, aun en perjuicio de las industrias o de la exportación de gas a Chile.” Reconoció que “la tarifa del gas local es muy baja en relación a los valores de ese combustible en el orden mundial”, aunque precisó que no sucede lo mismo con el elevado precio del gas de garrafa, que consumen los sectores más humildes. No obstante, pueden surgir inequidades. Para los usuarios afectados por el alza en las tarifas, Binstein propuso la vía rápida de la acción de amparo, para que el juez disponga en forma inmediata dejar sin efecto el aumento, por el perjuicio que causa en ciertos hogares; sobre todo “en los que tuvieron el inmueble desocupado el año pasado y este año lo alquilan”, registrando un aumento del 100 por ciento en el consumo. ´AbogadoConsultado sobre la solución jurídica al aumento de los servicios públicos, el abogado civilista Esteban Otero precisó que, debido a la crisis de fondo del sistema energético, el Estado tiene facultad para ordenar que se racione el consumo, “en tanto se funde en el derecho de garantizar el suministro a todos los usuarios”. Advirtió que las medidas a tomar deben atender las distintas necesidades de los grupos familiares, puesto que “una familia humilde con 7 hijos puede consumir más que una persona pudiente que vive sola, y sería injusto que pague más el que menos tiene”, afirmó el letrado.

Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.