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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014

La Salud en deuda con los discapacitados

Las obras sociales deben garantizar por ley la cobertura total de las necesidades de las personas discapacitadas. Pero una deuda millonaria del gobierno con las obras sociales cortó la cadena de pagos de éstas con los prestadores. Los institutos de recuperación naufragan con la crisis y con ellos, los pacientes.

La Salud en la Argentina de la crisis se parece a una frazada corta en la que si se tapan los pies queda al descubierto la cabeza. “El sistema está en coma 4”, “aún no se enviaron las partidas de este año”, “tenemos una deuda de tantos millones”, “las obras sociales no nos pagan”, son algunas de las frases de una extensa lista de justificaciones que se les escucha decir desde a un ministro de salud hasta a un farmacéutico. Pero más allá de las variantes propias de cada caso, todas apuntan a lo mismo. Un “No tenemos plata” rotundo. Esto es lo que le dijeron a María Cristina Ielpo, al cabo de advertirle que el instituto de recuperación para discapacitados donde envía a su chiquita de 6 años corría peligro de cerrar, porque algunas obras sociales hace seis meses que dejaron de pagar los reintegros. Para el lector acostumbrado a desayunar con las malas noticias de los diarios, el inminente cierre de un instituto de rehabilitación puede significar poca cosa entre tantas urgencias urbanas. Apenas un botón de muestra de la dolorosa realidad de todos los días. Para la mamá de esta nena con discapacidad severa, es mucho más que eso. Es la salud en riesgo de su hija la mala noticia.
En el Centro de recuperación integrada (CRI), de la calle Núñez 4157 de esta ciudad, 60 profesionales asisten a 87 chicos discapacitados motores e intelectuales severos. En realidad, a 87 familias, porque “junto con el chico, también damos asistencia a todo el grupo familiar, dado que los papás necesitan una atención personal porque de hecho nadie espera un chico especial y es una situación que debe tratarse en su conjunto”, señaló a Defiéndase la vicedirectora del instituto Susana Lettere. María Cristina se deshace en elogios cuando se refiere a la “atención espectacular” que allí reciben tanto los chicos como los padres y a la “contención y calidad humanas de todos los profesionales del instituto”. De ahí su miedo a tener que llevar a Micaela, su nena, a otro lugar donde “no esté tan bien atendida como lo está acá”. María Cristina consiguió, mediante un recurso de amparo, un subsidio para poder pagar el tratamiento de su hija. Pero ella piensa en los otros papás que no lo tienen y que están afiliados a obras sociales que dejaron de pagar hace tiempo. Y piensa en su hija, claro, porque si el centro cierra, va a tener que cortar el tratamiento y empezar de nuevo. La situación financiera del CRI no es de fácil resolución. “El 85% de los chicos que atendemos viene por obras sociales. Algunas pagaron pero otras dejaron de pagar en abril”, afirmó Damián Mico, a cargo de la coordinación del instituto. En julio ya hubo una reunión con los padres para informarles de la falta de pago de las obras sociales - a pesar de que por ley debe garantizarse la cobertura integral de las prestaciones para los discapacitados – y avisarles que de seguir así “tendremos que cerrar el instituto”, advirtieron las autoridades.
En octubre el panorama sigue siendo poco alentador. “Necesitamos al menos cerrar el balance con un atraso de no más de 90 días, pero a la vista de la falta de presupuesto y de los gastos internos cada vez más altos que tenemos, continuar nos resulta muy difícil”, se lamentó Mico. Aseguró que en los próximos días “definiremos si seguimos o no el año que viene”. ¿Las obras sociales deben cubrir la atención gratuita de los discapacitados? Sí. De acuerdo con la Ley 24.901, de diciembre de 1997, las obras sociales deben garantizar las prestaciones básicas “de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”, reza la norma en su artículo primero. Las obras sociales obtienen por este servicio un reintegro de la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud. APE se solventa a partir de un fondo solidario compuesto por el aporte del 10 al 15% de los ingresos de las obras sociales sindicales y de dirección. De ese fondo solidario de redistribución, el 70% vuelve a las obras sociales, en razón de $47 por grupo familiar y el 24% se destina al reintegro de los programas especiales. El circuito del reembolso comienza en el APE, que le paga a las obras sociales y éstas a los prestadores del servicio, quienes luego deben rendirle cuentas al APE del dinero que recibieron. ¿Por qué no pagan, entonces, las obras sociales? Por la deuda del Estado con ellas. “Tenemos una deuda de más de $200 millones con las obras sociales, de los cuales $50 millones corresponden a discapacidad”, afirmó a Defiéndase el interventor de APE, licenciado Eugenio Zanarini. Diferenció su administración de la anterior al señalar que “cuando vinimos archivamos todos los pedidos de subsidios financieros y respondimos a los dos objetivos que fija la ley: asistir a las obras sociales en problemas y pagar los programas especiales. En lo que va del año ya pagamos $7 millones a las obras sociales, pero les debemos todavía el año 2000”, reconoció el funcionario. Sostuvo que el sistema de ingresos de las obras sociales “está prácticamente al 50% de la recaudación, la actividad está prácticamente parada; fíjese lo que sucede sólo en el gremio de la construcción y se hace muy difícil afrontar esos ingresos. Y no se olvide que las obras sociales tienen que dar asistencia por 90 días a los empleados despedidos”, dijo Zanarini. ¿Cómo se evita el cierre de un instituto de rehabilitación? “Yo no tengo respuesta de cómo se hace – continuó Zanarini - Porque más allá del voluntarismo…porque si uno supiera de qué expedientes se está hablando uno puede decir, bueno, le saco los expedientes a esta institución, pero en la medida que usted le está sacando a una institución no le está sacando a otra”. “Entonces, nosotros estamos priorizando que no se corte el tratamiento de drogas: estamos priorizando las cosas de mayor emergencia. Así como usted me cuenta de la espantosa realidad de este centro, hay muchos otros centros que están atravesando por la misma situación o peor, porque el sistema de deuda que tenemos es muy alto y requiere de cirugía mayor”. Si están por cerrar el instituto, ¿cómo puedo evitarlo? ´AbogadoLos papás de un centro asistencial, fundamental para el estímulo y el aprendizaje de chicos discapacitados, como es el caso del instituto que nos ocupa en esta nota, deben seguir, de acuerdo con los consejos del abogado civilista Esteban Otero, los siguientes pasos: - pedir información detallada al instituto de la situación de crisis por la que atraviesa la entidad - reclamar a la obra social la cobertura integral de la prestación médica y educacional - intimar al instituto para que tome medidas legales que correspondan a los fines que debe garantizar el Estado - reclamar en última instancia contra el Estado, por ser quien debe procurar la cobertura de salud de los ciudadanos. - Solicitar, mediante la presentación de una acción de amparo, la no interrupción del tratamiento del paciente y la cobertura integral de los medicamentos.

Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

La Salud en deuda con los discapacitados

Las obras sociales deben garantizar por ley la cobertura total de las necesidades de las personas discapacitadas. Pero una deuda millonaria del gobierno con las obras sociales cortó la cadena de pagos de éstas con los prestadores. Los institutos de recuperación naufragan con la crisis y con ellos, los pacientes.

La Salud en deuda <celeste>con los discapacitados
La Salud en la Argentina de la crisis se parece a una frazada corta en la que si se tapan los pies queda al descubierto la cabeza. “El sistema está en coma 4”, “aún no se enviaron las partidas de este año”, “tenemos una deuda de tantos millones”, “las obras sociales no nos pagan”, son algunas de las frases de una extensa lista de justificaciones que se les escucha decir desde a un ministro de salud hasta a un farmacéutico. Pero más allá de las variantes propias de cada caso, todas apuntan a lo mismo. Un “No tenemos plata” rotundo. Esto es lo que le dijeron a María Cristina Ielpo, al cabo de advertirle que el instituto de recuperación para discapacitados donde envía a su chiquita de 6 años corría peligro de cerrar, porque algunas obras sociales hace seis meses que dejaron de pagar los reintegros. Para el lector acostumbrado a desayunar con las malas noticias de los diarios, el inminente cierre de un instituto de rehabilitación puede significar poca cosa entre tantas urgencias urbanas. Apenas un botón de muestra de la dolorosa realidad de todos los días. Para la mamá de esta nena con discapacidad severa, es mucho más que eso. Es la salud en riesgo de su hija la mala noticia.
En el Centro de recuperación integrada (CRI), de la calle Núñez 4157 de esta ciudad, 60 profesionales asisten a 87 chicos discapacitados motores e intelectuales severos. En realidad, a 87 familias, porque “junto con el chico, también damos asistencia a todo el grupo familiar, dado que los papás necesitan una atención personal porque de hecho nadie espera un chico especial y es una situación que debe tratarse en su conjunto”, señaló a Defiéndase la vicedirectora del instituto Susana Lettere. María Cristina se deshace en elogios cuando se refiere a la “atención espectacular” que allí reciben tanto los chicos como los padres y a la “contención y calidad humanas de todos los profesionales del instituto”. De ahí su miedo a tener que llevar a Micaela, su nena, a otro lugar donde “no esté tan bien atendida como lo está acá”. María Cristina consiguió, mediante un recurso de amparo, un subsidio para poder pagar el tratamiento de su hija. Pero ella piensa en los otros papás que no lo tienen y que están afiliados a obras sociales que dejaron de pagar hace tiempo. Y piensa en su hija, claro, porque si el centro cierra, va a tener que cortar el tratamiento y empezar de nuevo. La situación financiera del CRI no es de fácil resolución. “El 85% de los chicos que atendemos viene por obras sociales. Algunas pagaron pero otras dejaron de pagar en abril”, afirmó Damián Mico, a cargo de la coordinación del instituto. En julio ya hubo una reunión con los padres para informarles de la falta de pago de las obras sociales - a pesar de que por ley debe garantizarse la cobertura integral de las prestaciones para los discapacitados – y avisarles que de seguir así “tendremos que cerrar el instituto”, advirtieron las autoridades.
En octubre el panorama sigue siendo poco alentador. “Necesitamos al menos cerrar el balance con un atraso de no más de 90 días, pero a la vista de la falta de presupuesto y de los gastos internos cada vez más altos que tenemos, continuar nos resulta muy difícil”, se lamentó Mico. Aseguró que en los próximos días “definiremos si seguimos o no el año que viene”. ¿Las obras sociales deben cubrir la atención gratuita de los discapacitados? Sí. De acuerdo con la Ley 24.901, de diciembre de 1997, las obras sociales deben garantizar las prestaciones básicas “de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”, reza la norma en su artículo primero. Las obras sociales obtienen por este servicio un reintegro de la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud. APE se solventa a partir de un fondo solidario compuesto por el aporte del 10 al 15% de los ingresos de las obras sociales sindicales y de dirección. De ese fondo solidario de redistribución, el 70% vuelve a las obras sociales, en razón de $47 por grupo familiar y el 24% se destina al reintegro de los programas especiales. El circuito del reembolso comienza en el APE, que le paga a las obras sociales y éstas a los prestadores del servicio, quienes luego deben rendirle cuentas al APE del dinero que recibieron. ¿Por qué no pagan, entonces, las obras sociales? Por la deuda del Estado con ellas. “Tenemos una deuda de más de $200 millones con las obras sociales, de los cuales $50 millones corresponden a discapacidad”, afirmó a Defiéndase el interventor de APE, licenciado Eugenio Zanarini. Diferenció su administración de la anterior al señalar que “cuando vinimos archivamos todos los pedidos de subsidios financieros y respondimos a los dos objetivos que fija la ley: asistir a las obras sociales en problemas y pagar los programas especiales. En lo que va del año ya pagamos $7 millones a las obras sociales, pero les debemos todavía el año 2000”, reconoció el funcionario. Sostuvo que el sistema de ingresos de las obras sociales “está prácticamente al 50% de la recaudación, la actividad está prácticamente parada; fíjese lo que sucede sólo en el gremio de la construcción y se hace muy difícil afrontar esos ingresos. Y no se olvide que las obras sociales tienen que dar asistencia por 90 días a los empleados despedidos”, dijo Zanarini. ¿Cómo se evita el cierre de un instituto de rehabilitación? “Yo no tengo respuesta de cómo se hace – continuó Zanarini - Porque más allá del voluntarismo…porque si uno supiera de qué expedientes se está hablando uno puede decir, bueno, le saco los expedientes a esta institución, pero en la medida que usted le está sacando a una institución no le está sacando a otra”. “Entonces, nosotros estamos priorizando que no se corte el tratamiento de drogas: estamos priorizando las cosas de mayor emergencia. Así como usted me cuenta de la espantosa realidad de este centro, hay muchos otros centros que están atravesando por la misma situación o peor, porque el sistema de deuda que tenemos es muy alto y requiere de cirugía mayor”. Si están por cerrar el instituto, ¿cómo puedo evitarlo? ´AbogadoLos papás de un centro asistencial, fundamental para el estímulo y el aprendizaje de chicos discapacitados, como es el caso del instituto que nos ocupa en esta nota, deben seguir, de acuerdo con los consejos del abogado civilista Esteban Otero, los siguientes pasos: - pedir información detallada al instituto de la situación de crisis por la que atraviesa la entidad - reclamar a la obra social la cobertura integral de la prestación médica y educacional - intimar al instituto para que tome medidas legales que correspondan a los fines que debe garantizar el Estado - reclamar en última instancia contra el Estado, por ser quien debe procurar la cobertura de salud de los ciudadanos. - Solicitar, mediante la presentación de una acción de amparo, la no interrupción del tratamiento del paciente y la cobertura integral de los medicamentos.

Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.