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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014
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La negligencia contagió el Sida

Una nena de seis años se contagió Sida en 1998 al recibir sangre de un donante infectado. La Justicia condenó al centro de salud y a dos profesionales de la entidad a indemnizar a los padres de la menor con 3 millones de pesos. No sólo faltó el control sino que la transfusión era innecesaria.

La Justicia civil ordenó al Centro Gallego, un médico y un bioquímico de la entidad a pagar la millonaria cifra por ser considerados los responsables de que una nena, de entonces un año de edad, se contagiara Sida durante una transfusión de sangre. Según la sentencia dictada por la jueza civil Graciela Amábile Cibilis, se dispuso indemnizar a los padres de la menor con 3 millones de pesos, porque además de haberse incumplido los controles que establecen las leyes de Sangre y de Sida, la transfusión pudo haberse evitado por otros métodos terapéuticos menos riesgosos. El doloroso hecho sucedió en julio de 1998 cuando un médico de la entidad sanitaria le diagnosticó a la nena “anemia ferropénica” y sugirió realizarle una transfusión de sangre dos días después, a pesar de desaconsejarse este método en menores de dos años de edad. Como la chiquita seguía con problemas, los padres la llevaron al Hospital de Pediatría Juan Garrahan, donde los profesionales detectaron en octubre de ese mismo año que la nena había recibido sangre infectada con el virus HIV. Los papás de la menor iniciaron un juicio por daño moral y psíquico, incapacidad sobreviniente, peligro de contagio, gastos del tratamiento y de movilidad y lucro cesante. La cifra, que en un inicio se fijó en 1.330.000 pesos al momento de la transfusión, se elevó a 3 millones por los intereses más las costas a cargo de los demandados. Según la jueza, el Centro Gallego aceptó su responsabilidad, aunque justificó el error debido a las dificultades para detectar la infección durante el “período ventana”, que dura entre cuatro y ocho semanas y donde es imposible determinar la existencia del virus en los análisis de laboratorio. Sin embargo, las pericias ordenadas por la jueza invalidan el argumento que los demandados quieren pasar por caso fortuito. Las pruebas aportadas a la causa demuestran que la enfermedad de la nena, cuyo nombre se mantiene en reserva, no requería la gravedad ni la urgencia de una transfusión sanguínea y pudo tratarse con otros métodos terapéuticos, como por ejemplo el suministro de hierro por boca para, contrarrestar su anemia. Por otra parte, aunque el Centro Gallego asegura haber tomado todas las previsiones para evitar la conservación de sangre infectada en sus bancos, no pudo aportar al expediente los formularios interrogatorios que la ley 22.990 obliga a completar al donante para decidir si está en condiciones óptimas de dar sangre. En declaraciones radiales la jueza señaló que, de acuerdo con la pericia del cuerpo médico forense, al conocer a quien fue donante de la menor “lo hubiera descartado de plano porque lo hubiera considerado de alto riesgo”. Consultada por Defiéndase, la doctora Graciela Lovece, especialista en mala praxis, señaló que “se trata de un hecho muy grave, porque no sólo se transfundió sangre infectada sin tomar las medidas de seguridad previstas por la ley, sino que se optó además por un método riesgoso que pudo evitarse a partir del suministro del hierro por vía oral”.

Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

La negligencia contagió el Sida

Una nena de seis años se contagió Sida en 1998 al recibir sangre de un donante infectado. La Justicia condenó al centro de salud y a dos profesionales de la entidad a indemnizar a los padres de la menor con 3 millones de pesos. No sólo faltó el control sino que la transfusión era innecesaria.

<celeste>La negligencia <azul>contagió el Sida
La Justicia civil ordenó al Centro Gallego, un médico y un bioquímico de la entidad a pagar la millonaria cifra por ser considerados los responsables de que una nena, de entonces un año de edad, se contagiara Sida durante una transfusión de sangre. Según la sentencia dictada por la jueza civil Graciela Amábile Cibilis, se dispuso indemnizar a los padres de la menor con 3 millones de pesos, porque además de haberse incumplido los controles que establecen las leyes de Sangre y de Sida, la transfusión pudo haberse evitado por otros métodos terapéuticos menos riesgosos. El doloroso hecho sucedió en julio de 1998 cuando un médico de la entidad sanitaria le diagnosticó a la nena “anemia ferropénica” y sugirió realizarle una transfusión de sangre dos días después, a pesar de desaconsejarse este método en menores de dos años de edad. Como la chiquita seguía con problemas, los padres la llevaron al Hospital de Pediatría Juan Garrahan, donde los profesionales detectaron en octubre de ese mismo año que la nena había recibido sangre infectada con el virus HIV. Los papás de la menor iniciaron un juicio por daño moral y psíquico, incapacidad sobreviniente, peligro de contagio, gastos del tratamiento y de movilidad y lucro cesante. La cifra, que en un inicio se fijó en 1.330.000 pesos al momento de la transfusión, se elevó a 3 millones por los intereses más las costas a cargo de los demandados. Según la jueza, el Centro Gallego aceptó su responsabilidad, aunque justificó el error debido a las dificultades para detectar la infección durante el “período ventana”, que dura entre cuatro y ocho semanas y donde es imposible determinar la existencia del virus en los análisis de laboratorio. Sin embargo, las pericias ordenadas por la jueza invalidan el argumento que los demandados quieren pasar por caso fortuito. Las pruebas aportadas a la causa demuestran que la enfermedad de la nena, cuyo nombre se mantiene en reserva, no requería la gravedad ni la urgencia de una transfusión sanguínea y pudo tratarse con otros métodos terapéuticos, como por ejemplo el suministro de hierro por boca para, contrarrestar su anemia. Por otra parte, aunque el Centro Gallego asegura haber tomado todas las previsiones para evitar la conservación de sangre infectada en sus bancos, no pudo aportar al expediente los formularios interrogatorios que la ley 22.990 obliga a completar al donante para decidir si está en condiciones óptimas de dar sangre. En declaraciones radiales la jueza señaló que, de acuerdo con la pericia del cuerpo médico forense, al conocer a quien fue donante de la menor “lo hubiera descartado de plano porque lo hubiera considerado de alto riesgo”. Consultada por Defiéndase, la doctora Graciela Lovece, especialista en mala praxis, señaló que “se trata de un hecho muy grave, porque no sólo se transfundió sangre infectada sin tomar las medidas de seguridad previstas por la ley, sino que se optó además por un método riesgoso que pudo evitarse a partir del suministro del hierro por vía oral”.

Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.