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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014
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La importación de basura nuclear y la Constitución a la basura

Aunque la Constitución lo prohíbe, la Argentina podría convertirse en un basurero nuclear si prospera en Diputados el proyecto que permite el ingreso de residuos nucleares a nuestro país. Médicos, organismos oficiales y ONG alertan sobre este peligro. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Desde que el Senado aprobó en noviembre último el acuerdo que firmó el Estado argentino con su par de Australia para que nuestro país sea receptor de residuos radiactivos, las protestas no se hicieron esperar. Esto logró frenar por unos meses la sanción de la ley en Diputados. Ahora son ellos quienes tienen en sus manos la peligrosa decisión de permitir la entrada de estos materiales altamente peligrosos para la salud o de someterse a la letra de la Constitución. Distintas organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos de todo el país y del exterior, se oponen a esta medida. A fines de año, Greenpeace Argentina encabezó una campaña para que los ciudadanos se pronuncien contra esta violación del mandato constitucional. Al día de hoy cerca de 27000 personas expresaron su queja por correo electrónico o llamando por teléfono a los diputados y otras 8000 llevaron su opinión contraria en forma personal hasta las oficinas de la fundación ambientalista. El problema comenzó hace exactamente dos años, cuando en julio de 2000 la empresa INVAP - cuya conducción comparten la provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) - vendió a Australia un reactor de investigación en U$S 180 millones. La operación fue celebrada por las autoridades nacionales porque nuestro país había sido elegido entre varios oferentes provenientes de países desarrollados con tecnología de punta como Alemania, Francia y Canadá. Lo que no se supo en ese momento es que la firma del contrato de INVAP con la ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation) venía acompañada del compromiso de nuestro país de aceptar que los combustibles nucleares gastados generados por ese reactor regresen aquí para ser procesados y luego vueltos a llevar a Australia.
“Una cosa es que INVAP prometa recibir estos residuos en el contrato que firmó con la empresa australiana y otra cosa muy distinta es que el Estado nacional convalide una operación que, se sabe, es inconstitucional”, dijo a Defiéndase el coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga. De esta manera, la Argentina, que como los demás países de la región se oponía al transporte de basura radiactiva, pasaría a convertirse en transportista y receptor de estos materiales. “Por lo general el país que genera los residuos es el encargado de procesarlos, - señaló Villalonga - por eso no hay que favorecer el negocio internacional de residuos, porque esto va a llevar a que los países receptores terminen siendo los que tienen legislaciones más débiles”. El tratamiento de los residuos altamente radiactivos generados por el reactor, como plutonio, estroncio y cesio, se haría en el Centro Atómico de Ezeiza, en el sudoeste del conurbano bonaerense, y la entrada marítima se haría por el puerto de Bahía Blanca. El procesamiento de esta basura nuclear antes de regresar a Australia dura 15 años. Varias instituciones de nuestro país se oponen a la importación de basura nuclear: desde decenas de organizaciones civiles ambientalistas y defensoras de derechos humanos hasta instituciones médicas y organismos de gobierno. En este sentido, hizo lo propio la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de su titular Carlos Merenson. Del mismo modo se pronunció el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) autoridad máxima a nivel nacional en materia ambiental. Este organismo envió un comunicado a la Cámara de Diputados para que incluya una cláusula que prohíba la importación del material radiactivo. También el Foro Nacional de Instituciones Médicas, expresó su oposición al ingreso de basura nuclear por los serios riesgos que puede ocasionar a la salud y concluyó su informe con una dramática advertencia: “Recordemos Chernobyl”.
Por su parte, los vecinos de Ezeiza y Monte Grande realizaron varias quejas en sus municipios y participaron junto con las asambleas vecinales y las ONG en distintas protestas frente al Congreso y la Casa Rosada. El rechazo a la importación de residuos radiactivos se manifestó con la colocación de bolsas de “basura nuclear” en la Plaza de Mayo y de ataúdes en las puertas del Congreso. En el país de los canguros, el procesamiento de la basura nuclear recibió también airadas quejas por parte de un grupo de expertos de la Agencia de Seguridad Nuclear australiana, el cual señaló que la empresa ANSTO, que contrató la compra del reactor a INVAP, no cuenta con planes adecuados en el manejo de residuos. El peligro que puede producir en la salud de la población cualquier error de maniobrabilidad durante el transporte o el tratamiento de estos productos de extrema toxicidad es difícil de calcular pero fácil de imaginar. Los ciudadanos pueden sumarse a esta campaña para evitar ser un nuevo basurero nuclear pidiendo a nuestros gobernantes que respeten la Constitución. Pero si no lo hacen, la barrera a la violación de estos derechos puede ponerla la Justicia.
¿Cómo puedo evitar la importación de basura nuclear?


Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

La importación de basura nuclear y la Constitución a la basura

Aunque la Constitución lo prohíbe, la Argentina podría convertirse en un basurero nuclear si prospera en Diputados el proyecto que permite el ingreso de residuos nucleares a nuestro país. Médicos, organismos oficiales y ONG alertan sobre este peligro. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

La importación de basura nuclear <celeste>y la Constitución a la basura
Desde que el Senado aprobó en noviembre último el acuerdo que firmó el Estado argentino con su par de Australia para que nuestro país sea receptor de residuos radiactivos, las protestas no se hicieron esperar. Esto logró frenar por unos meses la sanción de la ley en Diputados. Ahora son ellos quienes tienen en sus manos la peligrosa decisión de permitir la entrada de estos materiales altamente peligrosos para la salud o de someterse a la letra de la Constitución. Distintas organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos de todo el país y del exterior, se oponen a esta medida. A fines de año, Greenpeace Argentina encabezó una campaña para que los ciudadanos se pronuncien contra esta violación del mandato constitucional. Al día de hoy cerca de 27000 personas expresaron su queja por correo electrónico o llamando por teléfono a los diputados y otras 8000 llevaron su opinión contraria en forma personal hasta las oficinas de la fundación ambientalista. El problema comenzó hace exactamente dos años, cuando en julio de 2000 la empresa INVAP - cuya conducción comparten la provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) - vendió a Australia un reactor de investigación en U$S 180 millones. La operación fue celebrada por las autoridades nacionales porque nuestro país había sido elegido entre varios oferentes provenientes de países desarrollados con tecnología de punta como Alemania, Francia y Canadá. Lo que no se supo en ese momento es que la firma del contrato de INVAP con la ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation) venía acompañada del compromiso de nuestro país de aceptar que los combustibles nucleares gastados generados por ese reactor regresen aquí para ser procesados y luego vueltos a llevar a Australia.
“Una cosa es que INVAP prometa recibir estos residuos en el contrato que firmó con la empresa australiana y otra cosa muy distinta es que el Estado nacional convalide una operación que, se sabe, es inconstitucional”, dijo a Defiéndase el coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga. De esta manera, la Argentina, que como los demás países de la región se oponía al transporte de basura radiactiva, pasaría a convertirse en transportista y receptor de estos materiales. “Por lo general el país que genera los residuos es el encargado de procesarlos, - señaló Villalonga - por eso no hay que favorecer el negocio internacional de residuos, porque esto va a llevar a que los países receptores terminen siendo los que tienen legislaciones más débiles”. El tratamiento de los residuos altamente radiactivos generados por el reactor, como plutonio, estroncio y cesio, se haría en el Centro Atómico de Ezeiza, en el sudoeste del conurbano bonaerense, y la entrada marítima se haría por el puerto de Bahía Blanca. El procesamiento de esta basura nuclear antes de regresar a Australia dura 15 años. Varias instituciones de nuestro país se oponen a la importación de basura nuclear: desde decenas de organizaciones civiles ambientalistas y defensoras de derechos humanos hasta instituciones médicas y organismos de gobierno. En este sentido, hizo lo propio la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de su titular Carlos Merenson. Del mismo modo se pronunció el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) autoridad máxima a nivel nacional en materia ambiental. Este organismo envió un comunicado a la Cámara de Diputados para que incluya una cláusula que prohíba la importación del material radiactivo. También el Foro Nacional de Instituciones Médicas, expresó su oposición al ingreso de basura nuclear por los serios riesgos que puede ocasionar a la salud y concluyó su informe con una dramática advertencia: “Recordemos Chernobyl”.
Por su parte, los vecinos de Ezeiza y Monte Grande realizaron varias quejas en sus municipios y participaron junto con las asambleas vecinales y las ONG en distintas protestas frente al Congreso y la Casa Rosada. El rechazo a la importación de residuos radiactivos se manifestó con la colocación de bolsas de “basura nuclear” en la Plaza de Mayo y de ataúdes en las puertas del Congreso. En el país de los canguros, el procesamiento de la basura nuclear recibió también airadas quejas por parte de un grupo de expertos de la Agencia de Seguridad Nuclear australiana, el cual señaló que la empresa ANSTO, que contrató la compra del reactor a INVAP, no cuenta con planes adecuados en el manejo de residuos. El peligro que puede producir en la salud de la población cualquier error de maniobrabilidad durante el transporte o el tratamiento de estos productos de extrema toxicidad es difícil de calcular pero fácil de imaginar. Los ciudadanos pueden sumarse a esta campaña para evitar ser un nuevo basurero nuclear pidiendo a nuestros gobernantes que respeten la Constitución. Pero si no lo hacen, la barrera a la violación de estos derechos puede ponerla la Justicia.
¿Cómo puedo evitar la importación de basura nuclear?


Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.