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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014

Emergencia habitacional

El Gobierno de la Ciudad alquila hoteles para albergar indigentes. Más de 8 mil personas acceden a este beneficio. Se estima que los dueños de los albergues se quedan con 150 mil pesos anuales. Sin embargo, las personas alojadas viven bajo condiciones de hacinamiento y precariedad extremas. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esta situación?

El Gobierno porteño destina 40 mil pesos diarios del presupuesto para atender a las emergencias por falta de vivienda. Sin embargo, los medios masivos de comunicación suelen cargar las tintas contra los hoteleros que, supuestamente, no invierten porcentaje alguno de ese monto para brindar un alojamiento digno a los indigentes. Así, la deplorable situación habitacional de la ciudad se transformaría en un jugoso negocio para los hoteleros por el cual obtienen alrededor de 150 mil pesos anuales. Esto implica un desembolso de las arcas del erario público que ronda los 14 millones de pesos por año. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad detectó irregularidades aberrantes y sus denuncias han sido sentadas, hace varios años, sin que se apliquen políticas públicas adecuadas al respecto. Mientras tanto, según un informe del mismo organismo, los hoteleros alojan hasta siete personas en habitaciones para dos, utilizan como cuartos sitios tan insólitos e inhóspitos como terrazas, sótanos y baños. Además y a partir de diversas inspecciones realizadas en los hoteles contratados, se constató que los establecimientos no cuentan con los registros y documentación correspondiente a la habilitación de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones. Si a esto se suma la falta de higiene y la existencia de subdivisiones de madera, la situación excede la exasperación. El informe de la Defensoría dice, textualmente, que al momento del relevamiento “un alto porcentaje de las piezas carecían de ventilación, eran húmedas y presentaban goteras y filtraciones. Las instalaciones eléctricas también evidenciaban un estado de precariedad absoluto, no se hallaron sistemas de calefacción ni de agua caliente y los sanitarios y calderas funcionaban mal”. Indicios de la corrupción La emergencia habitacional suscitó una respuesta poco eficaz del Gobierno porteño, a través del Plan Sin Techo – que data de la época en que Carlos Grosso ocupaba la intendencia -. Originalmente, el objetivo de tal política radicaba en alojar a los indigentes por 15 días y luego otorgarles un subsidio para que se compraran o construyeran una vivienda. Sin embargo, el escueto plazo estipulado por el Estado se extinguió hace más de diez años. Según el informe de la Defensoría, con el programa de alojamiento a los Sin Techo, la cantidad de familias albergadas con subsidio de la Ciudad alcanzaba la cifra de 300 en 1994 y ascendió a 1700 en el 2000. Entre los incontables casos de sobrefacturación e irregularidades, cabe mencionar la situación del Hotel Cochabamba, uno de los 59 albergues que, al momento del relevamiento, figuraba entre los beneficiarios del subsidio estatal. Según la Defensoría, el establecimiento “es propiedad de Alicia Vasconcello y Daniel Amitrano”. Más, se desprende del documento que, Vasconcello “es funcionaria de Promoción Social [...] y trabajó en la Unidad Ejecutora para desalojar al ex Patronato de la Infancia”. Además, dirige un local partidario en Carlos Calvo 581, justo al lado del hotel Amitrano – tal como el apellido de su copropietario del hotel Cochabamba -, sito en Carlos Calvo 579. ´AbogadoParece inocultable que el Gobierno de la Ciudad no está preocupado por brindar el acceso a una vivienda digna a los indigentes. Tal como sostiene, Adriana Mina, especialista en derecho civil, “los albergues no se contratan por licitación pública”. La obviedad es demasiado grande: algunos de los dueños de los hoteles son funcionarios o amigos del Gobierno. De modo que ´el objetivo no es preservar la dignidad de quienes allí habitan sino maximizar el lucro de los prestadores del servicio de hotelería´, señaló la Defensora de Pueblo Alicia Oliveira. Sin embargo, Mina explicó que ´los hoteleros van a recibir la cantidad de personas que el Gobierno de la Ciudad les envíe. No puede el Gobierno enviarles 130 personas y luego clausurarles el lugar por estar habilitado para 80”. Por otro lado, la denuncia de la Defensoría “no tuvo mejor consecuencia que la demora del pago a los hoteleros, sin que cese el Estado en su tarea de derivar personas para ser alojadas. Entonces, si algún hotelero es de buena fe, pierde”, enfatizó Mina. Y, por supuesto, existen hoteleros estafados. En algunos casos, el Estado adeuda a los dueños de los albergues hasta 7 meses de subsidios. No obstante, sigue asignándoles “huéspedes”. Así, ante las denuncias que podrían esclarecer la cuestión y evidenciar la responsabilidad del Gobierno, se clausura algún hotel que sirve de chivo expiatorio y endulza la imagen que la opinión pública tiene de los funcionarios. El fallo de la discordia El pasado 5 de julio, el juez Roberto Gallardo intimó al Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra para que reubique a 350 personas que viven en hoteles clausurados. El fallo que esgrimió el funcionario de la Justicia establecía una multa de 500 pesos diarios al propio Ibarra, que se percibiría de su suelo, en tanto no reubicara a los indigentes que se alojaban en hoteles precarios contratados por el Gobierno de la Ciudad. La pena alcanzaría, además, al Secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá, y al Presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, ErnestoSelzer. Al parecer, el juez habría fundamentado su decisión en el hecho de que el expediente acredita casi tres años de antigüedad y, no obstante, los desposeídos siguen viviendo en los hoteles que el Gobierno porteño clausuró por no reunir las condiciones elementales de salubridad, seguridad e higiene. Según Clarín, “los hoteles que deben ser desalojados son el Montreal y el Santiago, los dos en Constitución. La Justicia comprobó que allí la gente vive hacinada y en medio de cucarachas. Como no tienen dónde ir, las familias siguen en esos hoteles a pesar de la clausura”. Por otro lado, la Legislatura porteña sancionó, el último 29 de julio, la ley de Emergencia Habitacional, que regirá durante los próximos tres años. La norma dispone la creación de un fondo mínimo de 50 millones de pesos, que podrán renovarse anualmente, para asistir a las 370 mil personas sin hogar. Además, la flamante ley estipula la suspensión de “los desalojos de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, utilizados con uso manifiesto de vivienda, que [...] se encuentren ocupados por grupos familiares en situación de pobreza crítica”. Sandra Bergenfeld, diputada por Compromiso para el Cambio y presidenta de la Comisión de Vivienda, impulsó el proyecto alegando que en la ciudad existe un déficit de 90 mil viviendas y perjudica “a 370 mil personas, entre quienes habitan en villas de emergencia, conventillos, casas tomadas, hoteles contratados por el gobierno porteño y, simplemente, quienes duermen en plazas y puertas de edificios”. “En la ciudad de Buenos Aires, la política social quedó relegada a las ONG`s. El Gobierno se ausentó”, sostuvo en diálogo con Defiéndase la diputada macrista. Resulta sorprendente que, en materia de asistencia social, Compromiso para el Cambio se haya adelantado al Ibarrismo. Sin embargo, Bergenfeld considera que “la emergencia habitacional merece una solución de fondo. No importa si proviene de la derecha o de la izquierda”. Más no sorprende demasiado que, desde la vigencia de la multa impuesta por el juez Gallardo a Ibarra, la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) haya emitido 3 mil boletos de clausura, lo que no impide que, actualmente, existan 40 hoteles clausurados con personas viviendo en su interior. Por otra parte, el juez Gallardo optó por emitir un nuevo fallo, el pasado 16 de julio, ante la ineficacia del Poder Ejecutivo local. Del escrito, se desprende que los hoteles que el Gobierno porteño postula como apropiados para la reubicación de las familias sin hogar ´no se encuentran en condiciones mínimas de habitabilidad.´ Además, el juez resaltó que se trata de una jurisdicción sin impedimento financiero alguno pues, tal como denunciara la Defensoría, cuenta con ´un excedente presupuestario de 700 millones de pesos´. Así, Gallardo concluye diciendo que ´resulta emblemático que, luego de la intimación practicada por el Tribunal [,,,], se registren en el expediente 31 fojas útiles destinadas a cuestionar la imposición de la multa en la cabeza de los funcionarios y tan sólo 22 fojas que guardan relación específico con el cumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial´. Hoteles con clase Los albergues que contrata el Gobierno para hospedar indigentes son de clase ´D´, según la jerga hotelera. Sin embargo, es posible hallar excepciones. Tal es el caso del dueño de un hotel que se encuentra en litigio con el Estado. Según el escrito del denunciante, al cual Defiéndase tuvo acceso, el establecimiento ´comenzó a funcionar al servicio del GCBA el 22 de febrero de 2001, y el precio pactado por el mismo fue acordado especialmente, por ser un Hotel de Clase “A” (baño privado en todas las habitaciones, teléfono en portería, ascensor, agua fría y caliente las 24hs), por sus condiciones de habitabilidad (entrada exclusiva para discapacitados, recepción de 24 metros cuadrados, doble caldera, lavaderos y cocinas), por su especial servicio y calidad en atención´. Entonces, se acordó el precio, por persona y por día, de 8 pesos. Pero el Gobierno de la Ciudad cumplió, sólo, durante los primeros tres meses. Según la Dra. Mina ´el hotel fue adaptado para prestar servicios a personas con diferentes grados de discapacidad y se le debe una suma que supera el millón de pesos´. Este acondicionamiento del albergue habría sido pedido desde la Secretaría de Desarrollo y Promoción Social e involucraría a quien fuera su director, el Dr. Daniel Figueroa, junto con los demás miembros del área, Fabián Cavanosi, Silvia Coralina, Sara Horm e Irene García. El olor de las responsabilidades políticas Durante los últimos 30 años, la población de la Ciudad de Buenos Aires no se ha incrementado, según el Censo 2001. Curiosamente, la propiedad a experimentado un grado de concentración sin precedentes y la fila de los “Sin Techo” se robusteció notablemente. Según Marcelo Ramal, ex candidato a Jefe de Gobierno por el Partido Obrero, “Buenos Aires cuenta con gran cantidad de predios ociosos. Y tras la emergencia habitacional se dirime el problema del suelo”. Para el dirigente político, “el Estado no es sino un acaparador inmobiliario que mantiene a las personas en esos depósitos humanos para persuadirlos de que abandonen la ciudad”. En cambio, Mina arremetió contra los verdaderos responsables adjudicando las causas a “la mala administración del Gobierno y falta de imaginación y creatividad a la hora de realizar un plan social, ya que contando con recursos bastantes no se les ocurre mejor cosa que alquilar hoteles, para paliar una situación que está muy lejos de ser transitoria”. “El único encargado de que esta situación no persevere es el Gobierno de la Ciudad, ya que los indigentes pueden estar acostumbrados a vivir en el hacinamiento, los hoteleros pueden hacer su negocio reubicando y reacomodando lugares para alojar personas, pero los que no deberían permitir esto son los funcionarios”, afirmó la abogada. En definitiva, la espada de Damocles se cierne sobre los sectores populares, los excluidos, los indigentes. Así, Mina no duda en subrayar el cierre del documento de la Defensoría del Pueblo, cuando dice que “si no se encuentran soluciones de fondo para el problema habitacional, situaciones como la de los Sin Techo, se perpetúan como inhumanas para quienes las padecen y gravosas para el Gobierno de la Ciudad. El subsidio para alojamientos transitorios a los que sufren emergencias, no debiera transformarse en un alquiler permanente. Cuando esto sucede los mayores beneficiarios terminan siendo los hoteleros y las prácticas clientelísticas, facilitando en muchas ocasiones usos corruptos y desvíos de recursos públicos”. ¿De qué modo se defiende a los indigentes en este caso? ´AbogadoSegún el Dr. Esteban Otero, “debería realizarse un planteo contra el Estado pues, asume formalmente el compromiso pero elude su responsabilidad en lo que a las garantías constitucionales respecta”. En este sentido, agregó que “se podría efectuar una acción de amparo para que se reconozca el derecho a una vivienda digna”. Mientras que, en lo que a los hoteleros concierne, “les cabría una sanción por incumplimiento de los compromisos acordados en el contrato, así como la acción del Estado para instarlos a su cumplimiento o, en su defecto, la rescisión definitiva”. Por otra parte, Mina dijo que ´la defensa de un hotelero - ante el embate y la clausura por parte del Gobierno - es complicada. Los dueños de los albergues suelen prescindir de precauciones legales´. De este modo, se hallan imposibilitados de probar que quienes les envían indigentes son los funcionarios del mismo Estado que los persigue por incumplimiento de algo a lo que no se comprometieron expresamente. Si la Defensoría del Pueblo ya realizó el informe, ¿cómo se resuelve la cuestión? Según el artículo 36 de la ley Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, “con Motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas. Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor o Defensora de Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o secretario del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas. Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.” Por su parte, Otero consideró que “compete al juez determinar qué debe hacerse con el caso y que, dadas las condiciones en las que se hallan las personas indigentes, la resolución requiere de suma celeridad y urgencia”. ¿Es suficiente la suma que el Estado entrega? Las opiniones están divididas. Mina considera que 3,5 pesos por día por persona no bastan para el sostenimiento de una vivienda digna. Sin embargo, el dirigente político Ramal entiende que con esa módica suma ´podría alquilarse un departamento de 2 ambientes para una familia de 5 personas´. En este sentido, agregó que ´con todo el dinero que el Gobierno lleva invertido en la contratación de hoteles, los indigentes podrían haberse comprado una casa´. ¿Son los hoteleros los verdaderos culpables? Cada hotelero recibe por año unos 150 mil pesos de parte del Estado. Sin embargo, existen excepciones. Tal es el caso de Pedro Celestino González Gianetti que, en tanto figura en el padrón como beneficiario de los recursos que la Ciudad asigna a nueve hoteles, puede aspirar a recibir mucho más de un millón de pesos por año del dinero destinado a asistir familias en crisis. Por ello, Mina se pregunta - no sin ironía -, “de quién es la culpa: del chancho o de quien le da de comer. Si yo tengo 20 hoteles, puedo ser prestador del Gobierno de Buenos Aires y lograr un buen precio para poder ganar dinero, por qué no podría hacerlo”. Según la abogada, “quien pone el precio, paga, contrata, fiscaliza, controla es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí reside el punto de partida de todo análisis serio. Luego, se investigará a los cómplices del gobierno”. Pablo Dipierri.)

Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

Emergencia habitacional

El Gobierno de la Ciudad alquila hoteles para albergar indigentes. Más de 8 mil personas acceden a este beneficio. Se estima que los dueños de los albergues se quedan con 150 mil pesos anuales. Sin embargo, las personas alojadas viven bajo condiciones de hacinamiento y precariedad extremas. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esta situación?

<celeste>Emergencia <azul>habitacional
El Gobierno porteño destina 40 mil pesos diarios del presupuesto para atender a las emergencias por falta de vivienda. Sin embargo, los medios masivos de comunicación suelen cargar las tintas contra los hoteleros que, supuestamente, no invierten porcentaje alguno de ese monto para brindar un alojamiento digno a los indigentes. Así, la deplorable situación habitacional de la ciudad se transformaría en un jugoso negocio para los hoteleros por el cual obtienen alrededor de 150 mil pesos anuales. Esto implica un desembolso de las arcas del erario público que ronda los 14 millones de pesos por año. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad detectó irregularidades aberrantes y sus denuncias han sido sentadas, hace varios años, sin que se apliquen políticas públicas adecuadas al respecto. Mientras tanto, según un informe del mismo organismo, los hoteleros alojan hasta siete personas en habitaciones para dos, utilizan como cuartos sitios tan insólitos e inhóspitos como terrazas, sótanos y baños. Además y a partir de diversas inspecciones realizadas en los hoteles contratados, se constató que los establecimientos no cuentan con los registros y documentación correspondiente a la habilitación de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones. Si a esto se suma la falta de higiene y la existencia de subdivisiones de madera, la situación excede la exasperación. El informe de la Defensoría dice, textualmente, que al momento del relevamiento “un alto porcentaje de las piezas carecían de ventilación, eran húmedas y presentaban goteras y filtraciones. Las instalaciones eléctricas también evidenciaban un estado de precariedad absoluto, no se hallaron sistemas de calefacción ni de agua caliente y los sanitarios y calderas funcionaban mal”. Indicios de la corrupción La emergencia habitacional suscitó una respuesta poco eficaz del Gobierno porteño, a través del Plan Sin Techo – que data de la época en que Carlos Grosso ocupaba la intendencia -. Originalmente, el objetivo de tal política radicaba en alojar a los indigentes por 15 días y luego otorgarles un subsidio para que se compraran o construyeran una vivienda. Sin embargo, el escueto plazo estipulado por el Estado se extinguió hace más de diez años. Según el informe de la Defensoría, con el programa de alojamiento a los Sin Techo, la cantidad de familias albergadas con subsidio de la Ciudad alcanzaba la cifra de 300 en 1994 y ascendió a 1700 en el 2000. Entre los incontables casos de sobrefacturación e irregularidades, cabe mencionar la situación del Hotel Cochabamba, uno de los 59 albergues que, al momento del relevamiento, figuraba entre los beneficiarios del subsidio estatal. Según la Defensoría, el establecimiento “es propiedad de Alicia Vasconcello y Daniel Amitrano”. Más, se desprende del documento que, Vasconcello “es funcionaria de Promoción Social [...] y trabajó en la Unidad Ejecutora para desalojar al ex Patronato de la Infancia”. Además, dirige un local partidario en Carlos Calvo 581, justo al lado del hotel Amitrano – tal como el apellido de su copropietario del hotel Cochabamba -, sito en Carlos Calvo 579. ´AbogadoParece inocultable que el Gobierno de la Ciudad no está preocupado por brindar el acceso a una vivienda digna a los indigentes. Tal como sostiene, Adriana Mina, especialista en derecho civil, “los albergues no se contratan por licitación pública”. La obviedad es demasiado grande: algunos de los dueños de los hoteles son funcionarios o amigos del Gobierno. De modo que ´el objetivo no es preservar la dignidad de quienes allí habitan sino maximizar el lucro de los prestadores del servicio de hotelería´, señaló la Defensora de Pueblo Alicia Oliveira. Sin embargo, Mina explicó que ´los hoteleros van a recibir la cantidad de personas que el Gobierno de la Ciudad les envíe. No puede el Gobierno enviarles 130 personas y luego clausurarles el lugar por estar habilitado para 80”. Por otro lado, la denuncia de la Defensoría “no tuvo mejor consecuencia que la demora del pago a los hoteleros, sin que cese el Estado en su tarea de derivar personas para ser alojadas. Entonces, si algún hotelero es de buena fe, pierde”, enfatizó Mina. Y, por supuesto, existen hoteleros estafados. En algunos casos, el Estado adeuda a los dueños de los albergues hasta 7 meses de subsidios. No obstante, sigue asignándoles “huéspedes”. Así, ante las denuncias que podrían esclarecer la cuestión y evidenciar la responsabilidad del Gobierno, se clausura algún hotel que sirve de chivo expiatorio y endulza la imagen que la opinión pública tiene de los funcionarios. El fallo de la discordia El pasado 5 de julio, el juez Roberto Gallardo intimó al Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra para que reubique a 350 personas que viven en hoteles clausurados. El fallo que esgrimió el funcionario de la Justicia establecía una multa de 500 pesos diarios al propio Ibarra, que se percibiría de su suelo, en tanto no reubicara a los indigentes que se alojaban en hoteles precarios contratados por el Gobierno de la Ciudad. La pena alcanzaría, además, al Secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá, y al Presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, ErnestoSelzer. Al parecer, el juez habría fundamentado su decisión en el hecho de que el expediente acredita casi tres años de antigüedad y, no obstante, los desposeídos siguen viviendo en los hoteles que el Gobierno porteño clausuró por no reunir las condiciones elementales de salubridad, seguridad e higiene. Según Clarín, “los hoteles que deben ser desalojados son el Montreal y el Santiago, los dos en Constitución. La Justicia comprobó que allí la gente vive hacinada y en medio de cucarachas. Como no tienen dónde ir, las familias siguen en esos hoteles a pesar de la clausura”. Por otro lado, la Legislatura porteña sancionó, el último 29 de julio, la ley de Emergencia Habitacional, que regirá durante los próximos tres años. La norma dispone la creación de un fondo mínimo de 50 millones de pesos, que podrán renovarse anualmente, para asistir a las 370 mil personas sin hogar. Además, la flamante ley estipula la suspensión de “los desalojos de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, utilizados con uso manifiesto de vivienda, que [...] se encuentren ocupados por grupos familiares en situación de pobreza crítica”. Sandra Bergenfeld, diputada por Compromiso para el Cambio y presidenta de la Comisión de Vivienda, impulsó el proyecto alegando que en la ciudad existe un déficit de 90 mil viviendas y perjudica “a 370 mil personas, entre quienes habitan en villas de emergencia, conventillos, casas tomadas, hoteles contratados por el gobierno porteño y, simplemente, quienes duermen en plazas y puertas de edificios”. “En la ciudad de Buenos Aires, la política social quedó relegada a las ONG`s. El Gobierno se ausentó”, sostuvo en diálogo con Defiéndase la diputada macrista. Resulta sorprendente que, en materia de asistencia social, Compromiso para el Cambio se haya adelantado al Ibarrismo. Sin embargo, Bergenfeld considera que “la emergencia habitacional merece una solución de fondo. No importa si proviene de la derecha o de la izquierda”. Más no sorprende demasiado que, desde la vigencia de la multa impuesta por el juez Gallardo a Ibarra, la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) haya emitido 3 mil boletos de clausura, lo que no impide que, actualmente, existan 40 hoteles clausurados con personas viviendo en su interior. Por otra parte, el juez Gallardo optó por emitir un nuevo fallo, el pasado 16 de julio, ante la ineficacia del Poder Ejecutivo local. Del escrito, se desprende que los hoteles que el Gobierno porteño postula como apropiados para la reubicación de las familias sin hogar ´no se encuentran en condiciones mínimas de habitabilidad.´ Además, el juez resaltó que se trata de una jurisdicción sin impedimento financiero alguno pues, tal como denunciara la Defensoría, cuenta con ´un excedente presupuestario de 700 millones de pesos´. Así, Gallardo concluye diciendo que ´resulta emblemático que, luego de la intimación practicada por el Tribunal [,,,], se registren en el expediente 31 fojas útiles destinadas a cuestionar la imposición de la multa en la cabeza de los funcionarios y tan sólo 22 fojas que guardan relación específico con el cumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial´. Hoteles con clase Los albergues que contrata el Gobierno para hospedar indigentes son de clase ´D´, según la jerga hotelera. Sin embargo, es posible hallar excepciones. Tal es el caso del dueño de un hotel que se encuentra en litigio con el Estado. Según el escrito del denunciante, al cual Defiéndase tuvo acceso, el establecimiento ´comenzó a funcionar al servicio del GCBA el 22 de febrero de 2001, y el precio pactado por el mismo fue acordado especialmente, por ser un Hotel de Clase “A” (baño privado en todas las habitaciones, teléfono en portería, ascensor, agua fría y caliente las 24hs), por sus condiciones de habitabilidad (entrada exclusiva para discapacitados, recepción de 24 metros cuadrados, doble caldera, lavaderos y cocinas), por su especial servicio y calidad en atención´. Entonces, se acordó el precio, por persona y por día, de 8 pesos. Pero el Gobierno de la Ciudad cumplió, sólo, durante los primeros tres meses. Según la Dra. Mina ´el hotel fue adaptado para prestar servicios a personas con diferentes grados de discapacidad y se le debe una suma que supera el millón de pesos´. Este acondicionamiento del albergue habría sido pedido desde la Secretaría de Desarrollo y Promoción Social e involucraría a quien fuera su director, el Dr. Daniel Figueroa, junto con los demás miembros del área, Fabián Cavanosi, Silvia Coralina, Sara Horm e Irene García. El olor de las responsabilidades políticas Durante los últimos 30 años, la población de la Ciudad de Buenos Aires no se ha incrementado, según el Censo 2001. Curiosamente, la propiedad a experimentado un grado de concentración sin precedentes y la fila de los “Sin Techo” se robusteció notablemente. Según Marcelo Ramal, ex candidato a Jefe de Gobierno por el Partido Obrero, “Buenos Aires cuenta con gran cantidad de predios ociosos. Y tras la emergencia habitacional se dirime el problema del suelo”. Para el dirigente político, “el Estado no es sino un acaparador inmobiliario que mantiene a las personas en esos depósitos humanos para persuadirlos de que abandonen la ciudad”. En cambio, Mina arremetió contra los verdaderos responsables adjudicando las causas a “la mala administración del Gobierno y falta de imaginación y creatividad a la hora de realizar un plan social, ya que contando con recursos bastantes no se les ocurre mejor cosa que alquilar hoteles, para paliar una situación que está muy lejos de ser transitoria”. “El único encargado de que esta situación no persevere es el Gobierno de la Ciudad, ya que los indigentes pueden estar acostumbrados a vivir en el hacinamiento, los hoteleros pueden hacer su negocio reubicando y reacomodando lugares para alojar personas, pero los que no deberían permitir esto son los funcionarios”, afirmó la abogada. En definitiva, la espada de Damocles se cierne sobre los sectores populares, los excluidos, los indigentes. Así, Mina no duda en subrayar el cierre del documento de la Defensoría del Pueblo, cuando dice que “si no se encuentran soluciones de fondo para el problema habitacional, situaciones como la de los Sin Techo, se perpetúan como inhumanas para quienes las padecen y gravosas para el Gobierno de la Ciudad. El subsidio para alojamientos transitorios a los que sufren emergencias, no debiera transformarse en un alquiler permanente. Cuando esto sucede los mayores beneficiarios terminan siendo los hoteleros y las prácticas clientelísticas, facilitando en muchas ocasiones usos corruptos y desvíos de recursos públicos”. ¿De qué modo se defiende a los indigentes en este caso? ´AbogadoSegún el Dr. Esteban Otero, “debería realizarse un planteo contra el Estado pues, asume formalmente el compromiso pero elude su responsabilidad en lo que a las garantías constitucionales respecta”. En este sentido, agregó que “se podría efectuar una acción de amparo para que se reconozca el derecho a una vivienda digna”. Mientras que, en lo que a los hoteleros concierne, “les cabría una sanción por incumplimiento de los compromisos acordados en el contrato, así como la acción del Estado para instarlos a su cumplimiento o, en su defecto, la rescisión definitiva”. Por otra parte, Mina dijo que ´la defensa de un hotelero - ante el embate y la clausura por parte del Gobierno - es complicada. Los dueños de los albergues suelen prescindir de precauciones legales´. De este modo, se hallan imposibilitados de probar que quienes les envían indigentes son los funcionarios del mismo Estado que los persigue por incumplimiento de algo a lo que no se comprometieron expresamente. Si la Defensoría del Pueblo ya realizó el informe, ¿cómo se resuelve la cuestión? Según el artículo 36 de la ley Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, “con Motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas. Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor o Defensora de Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o secretario del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas. Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.” Por su parte, Otero consideró que “compete al juez determinar qué debe hacerse con el caso y que, dadas las condiciones en las que se hallan las personas indigentes, la resolución requiere de suma celeridad y urgencia”. ¿Es suficiente la suma que el Estado entrega? Las opiniones están divididas. Mina considera que 3,5 pesos por día por persona no bastan para el sostenimiento de una vivienda digna. Sin embargo, el dirigente político Ramal entiende que con esa módica suma ´podría alquilarse un departamento de 2 ambientes para una familia de 5 personas´. En este sentido, agregó que ´con todo el dinero que el Gobierno lleva invertido en la contratación de hoteles, los indigentes podrían haberse comprado una casa´. ¿Son los hoteleros los verdaderos culpables? Cada hotelero recibe por año unos 150 mil pesos de parte del Estado. Sin embargo, existen excepciones. Tal es el caso de Pedro Celestino González Gianetti que, en tanto figura en el padrón como beneficiario de los recursos que la Ciudad asigna a nueve hoteles, puede aspirar a recibir mucho más de un millón de pesos por año del dinero destinado a asistir familias en crisis. Por ello, Mina se pregunta - no sin ironía -, “de quién es la culpa: del chancho o de quien le da de comer. Si yo tengo 20 hoteles, puedo ser prestador del Gobierno de Buenos Aires y lograr un buen precio para poder ganar dinero, por qué no podría hacerlo”. Según la abogada, “quien pone el precio, paga, contrata, fiscaliza, controla es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí reside el punto de partida de todo análisis serio. Luego, se investigará a los cómplices del gobierno”. Pablo Dipierri.)

Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.