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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014
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¿Menores peligrosos o menores en peligro?

Según el informe que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, desde la creación del Registro Unico de Denuncias el 20 de setiembre de 2000, se notificaron más de 800 denuncias por maltrato de menores.

En diálogo con Defiéndase.com, Carlos Bigalli, Asesor de Menores de San Isidro e impulsor del Registro, afirmó que el fin de las detenciones violentas depende de una decisión política que, los gobernantes no están dispuestos a tomar. Agregó que, como contrapartida, los discursos de ´mano dura´ lanzados desde el poder contribuyen a agravar estas prácticas que, - no duda - apuntan sobre un solo sector: el de los excluidos. ¿A quiénes señalan la mayoría de las denuncias? De acuerdo a los registros que llevo en el Departamento Judicial de San Isidro desde que asumí como Asesor de Menores en 1998, la mayoría de los maltratos no se produce en los institutos, ni siquiera en las comisarías. El 90% de los actos violentos ocurren durante el momento de la detención y el traslado a la comisaría. ¿Cómo se podría evitar el maltrato en el momento de la detención? No hay una forma fáctica de impedirlo. Porque a pesar de que nosotros somos informados al momento de la detención del menor, las torturas siguen estando. No pasa por nosotros la decisión de terminar con esto; es una cuestión de voluntad política. ¿En qué consiste esa voluntad política? En que el Gobernador y el Ministro de Seguridad dijeran < señores, a partir de ahora no se tortura más >. Pero a cambio de esto, aparece un discurso preocupante que propone meter bala a los delincuentes, la tolerancia cero, más facultades policiales; o asume un jefe de policía que, como gran medida contra la criminalidad, se le ocurre rodear las villas miserias. Entonces, con estos mensajes que generan un aumento de la violencia institucional, ¿cómo se puede pretender acabar con los maltratos?. ¿De todas maneras la inseguridad existe y hay que hallar una solución? Hay distintas respuestas para distintos males. ¿Qué solución, de la tortura?. Es una cuestión de voluntad política. ¿Del alojamiento ilegal y los hacinamientos en jaulas? Bueno, que haya alojamiento legal. La solución de la exclusión es la inclusión. ¿De la criminalidad?. Tiene que tener solución dentro de las formas civilizadas de los Estados de Derecho y no de la de los Estados Policiales. El fenómeno de la inseguridad se agrava cada vez más. Nuestros abuelos cuando hablaban de seguridad, relacionaban esa palabra con seguridad económica o pensaban en seguridad social, en las cooperativas, en el bienestar general. Ese concepto empezó a correrse desde que aparecieron las deserciones del Estado en materia de bienestar. Y hoy lo único que tiene el Estado para ofrecer, es el Estado Penitenciario, que en el futuro va a ser un gran negocio como es en los Estados Unidos. No es solución construir cárceles. Además, por más cárceles que se construyan nunca van a alcanzar, siempre va a haber superpoblación porque se usa este sistema para encarcelar y para generar una ilusión de respuesta. ¿Por qué los menores son alojados en comisarías y no en institutos? Aquí en San Isidro yo me opongo a que permanezcan menores en las comisarías. Hay un simple alojamiento de unas pocas horas hasta que el detenido presta declaración indagatoria. Si el juez no dispone la libertad del menor, se lo traslada a institutos pero no vuelve a la comisaría, ya que no existe razón para ello. Por otra parte, nosotros entrevistamos a todos los chicos que pasan por el circuito penal, para controlar que hayan sido bien tratados. ¿Qué sector social es más vulnerable al maltrato? Todo este sistema opera sobre un solo sector: el de los excluidos, los habitantes de villas. Desde que asumí a hoy, llevo más de 12 mil casos atendidos. Claro, yo soy Defensor de Pobres…pero, ¿sabe cuántos detenidos hay con un abogado particular? No conozco más de tres. ¿Antes de la creación del Registro Provincial, ¿qué cifras se manejaban? No había un registro centralizado de casos. Las cifras de violencia policial que publican los organismos de derechos humanos, las colectan de los periódicos, a los que usan como fuente. El resto de los casos, estaba suelto por ahí. Hoy, con el nuevo Registro, los Asesores tienen obligación de documentar los casos y remitirlos a la Corte. ¿Qué lo impulsó a crear el Registro? Cuando llegué a la Asesoría en 1998 empecé a advertir cosas curiosas como, por ejemplo, la gran cantidad de confesiones judiciales de chicos que existían. Me dije, no puede ser que la principal prueba de cargo fuera la confesión, una prueba autoincriminatoria, cuando en una declaración indagatoria debería existir una actitud defensiva del acusado. A partir de ese momento, decidí asistir a todas las declaraciones indagatorias y a aconsejar en las audiencias al imputado su derecho de negarse a declarar. Advertí, además, la cantidad de denuncias por apremios ilegales que hacían los chicos en las declaraciones indagatorias. Comencé, entonces, a documentar la cantidad de chicos, las causas judiciales y las denuncias por malos tratos que recibía y se las enviaba a la Suprema Corte Provincial. Pensé que no había razón para que estos abusos no se dieran también en la Matanza o en Lomas. Y fue así que propuse a la Corte crear un registro unificado. También lo hice porque muchos desde el Ejecutivo decían que en la Provincia de Buenos Aires no había torturas y que todo era un invento mío.

Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

¿Menores peligrosos o menores en peligro?

Según el informe que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, desde la creación del Registro Unico de Denuncias el 20 de setiembre de 2000, se notificaron más de 800 denuncias por maltrato de menores.

¿Menores peligrosos o <celeste>menores en peligro?
En diálogo con Defiéndase.com, Carlos Bigalli, Asesor de Menores de San Isidro e impulsor del Registro, afirmó que el fin de las detenciones violentas depende de una decisión política que, los gobernantes no están dispuestos a tomar. Agregó que, como contrapartida, los discursos de ´mano dura´ lanzados desde el poder contribuyen a agravar estas prácticas que, - no duda - apuntan sobre un solo sector: el de los excluidos. ¿A quiénes señalan la mayoría de las denuncias? De acuerdo a los registros que llevo en el Departamento Judicial de San Isidro desde que asumí como Asesor de Menores en 1998, la mayoría de los maltratos no se produce en los institutos, ni siquiera en las comisarías. El 90% de los actos violentos ocurren durante el momento de la detención y el traslado a la comisaría. ¿Cómo se podría evitar el maltrato en el momento de la detención? No hay una forma fáctica de impedirlo. Porque a pesar de que nosotros somos informados al momento de la detención del menor, las torturas siguen estando. No pasa por nosotros la decisión de terminar con esto; es una cuestión de voluntad política. ¿En qué consiste esa voluntad política? En que el Gobernador y el Ministro de Seguridad dijeran < señores, a partir de ahora no se tortura más >. Pero a cambio de esto, aparece un discurso preocupante que propone meter bala a los delincuentes, la tolerancia cero, más facultades policiales; o asume un jefe de policía que, como gran medida contra la criminalidad, se le ocurre rodear las villas miserias. Entonces, con estos mensajes que generan un aumento de la violencia institucional, ¿cómo se puede pretender acabar con los maltratos?. ¿De todas maneras la inseguridad existe y hay que hallar una solución? Hay distintas respuestas para distintos males. ¿Qué solución, de la tortura?. Es una cuestión de voluntad política. ¿Del alojamiento ilegal y los hacinamientos en jaulas? Bueno, que haya alojamiento legal. La solución de la exclusión es la inclusión. ¿De la criminalidad?. Tiene que tener solución dentro de las formas civilizadas de los Estados de Derecho y no de la de los Estados Policiales. El fenómeno de la inseguridad se agrava cada vez más. Nuestros abuelos cuando hablaban de seguridad, relacionaban esa palabra con seguridad económica o pensaban en seguridad social, en las cooperativas, en el bienestar general. Ese concepto empezó a correrse desde que aparecieron las deserciones del Estado en materia de bienestar. Y hoy lo único que tiene el Estado para ofrecer, es el Estado Penitenciario, que en el futuro va a ser un gran negocio como es en los Estados Unidos. No es solución construir cárceles. Además, por más cárceles que se construyan nunca van a alcanzar, siempre va a haber superpoblación porque se usa este sistema para encarcelar y para generar una ilusión de respuesta. ¿Por qué los menores son alojados en comisarías y no en institutos? Aquí en San Isidro yo me opongo a que permanezcan menores en las comisarías. Hay un simple alojamiento de unas pocas horas hasta que el detenido presta declaración indagatoria. Si el juez no dispone la libertad del menor, se lo traslada a institutos pero no vuelve a la comisaría, ya que no existe razón para ello. Por otra parte, nosotros entrevistamos a todos los chicos que pasan por el circuito penal, para controlar que hayan sido bien tratados. ¿Qué sector social es más vulnerable al maltrato? Todo este sistema opera sobre un solo sector: el de los excluidos, los habitantes de villas. Desde que asumí a hoy, llevo más de 12 mil casos atendidos. Claro, yo soy Defensor de Pobres…pero, ¿sabe cuántos detenidos hay con un abogado particular? No conozco más de tres. ¿Antes de la creación del Registro Provincial, ¿qué cifras se manejaban? No había un registro centralizado de casos. Las cifras de violencia policial que publican los organismos de derechos humanos, las colectan de los periódicos, a los que usan como fuente. El resto de los casos, estaba suelto por ahí. Hoy, con el nuevo Registro, los Asesores tienen obligación de documentar los casos y remitirlos a la Corte. ¿Qué lo impulsó a crear el Registro? Cuando llegué a la Asesoría en 1998 empecé a advertir cosas curiosas como, por ejemplo, la gran cantidad de confesiones judiciales de chicos que existían. Me dije, no puede ser que la principal prueba de cargo fuera la confesión, una prueba autoincriminatoria, cuando en una declaración indagatoria debería existir una actitud defensiva del acusado. A partir de ese momento, decidí asistir a todas las declaraciones indagatorias y a aconsejar en las audiencias al imputado su derecho de negarse a declarar. Advertí, además, la cantidad de denuncias por apremios ilegales que hacían los chicos en las declaraciones indagatorias. Comencé, entonces, a documentar la cantidad de chicos, las causas judiciales y las denuncias por malos tratos que recibía y se las enviaba a la Suprema Corte Provincial. Pensé que no había razón para que estos abusos no se dieran también en la Matanza o en Lomas. Y fue así que propuse a la Corte crear un registro unificado. También lo hice porque muchos desde el Ejecutivo decían que en la Provincia de Buenos Aires no había torturas y que todo era un invento mío.

Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.