Un proyecto de ley promete verdaderas condenas para jueces y políticos corruptos, pero también para las entidades privadas que buscan beneficiarse con bienes ajenos. ¿Qué propone? ¿Cuáles serán las nuevas penas? El año pasado Argentina descendió cuatro puestos en el ranking mundial de corrupción.
La Cámara de Diputados incorporó a su agenda legislativa un proyecto de ley que promete generar dos cambios importantes en la lucha contra la corrupción: aumentar las penas y sanciones a funcionarios públicos que estén involucrados en este tipo de delitos y hacerlas extensibles a jueces y entidades privadas, como empresas o clubes.
La iniciativa, conocida como Ley Penal Anticorrupción, fue tratada el miércoles pasado en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Justicia y, según voceros del parlamento, es muy probable que sea aprobada en la cámara antes de que termine el mundial de fútbol.
¿Cuáles son los puntos esenciales de la Ley Penal Anticorrupción?
Hasta el momento no existen penas específicas para casos de corrupción en el Código Penal, con lo cual este proyecto ya es un gran avance en ese sentido. Con la nueva ley, todo aquel que administre bienes públicos, sea un funcionario o una entidad privada, deberá responder ante el hecho de corrupción. El culpable podrá ser castigado penal y económicamente, según la gravedad del hecho.
Si se trata de un funcionario público, la pena se evaluará además según el cargo y en ningún caso el delito podrá ser excarcelable. En cuanto a los años de prisión que les corresponderá a los culpables, todavía existen disidencias. Desde defiéndase.com, nos inclinamos hacia la postura que pide penas similares a las que les corresponde a los homicidas según el Código Penal: de 8 a 25 años.
Existen, además, otros dos puntos del proyecto que generan controversia: el decomiso de los bienes con que se haya beneficiado el imputado y la nueva figura del arrepentido, según la cual podría reducirse la condena a aquellos que decidan brindar información esencial para evitar casos de corrupción.
¿A qué se considera corrupción?
Se considera corrupción al delito de soborno o de cohecho, es decir, de aceptar sobornos. Pero nunca a los malos resultados de las gestiones políticas. En términos jurídicos, se utilizan los términos “negligencia” para aquel que obra descuidadamente y “dolo” para el que obra con intención.
¿Cuál es el nivel de corrupción en Argentina?
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora todos los años Transparencia Internacional (TI), en 2009 Argentina descendió cuatro puestos y quedó ubicada en el número 109 de un total de 180 países evaluados. En una escala del 1 al 10, donde el puntaje máximo correspondería a un ideal de país sin corrupción, Argentina sumó sólo 2,9 puntos, muy por debajo de vecinos como Chile (6,9), Uruguay (6,9) o Brasil (3,5).
A pesar de que, como lo dice su nombre, este índice se basa en la “percepción” de expertos, académicos y empresarios y no a una cifra calculada a partir de casos reales, los datos parecen reflejar bastante bien la situación del país.
Según un informe dado a conocer por Poder Ciudadano a fines del año pasado, entre 1980 y 2007, Argentina perdió por la corrupción de sus funcionarios 13.000 millones de dólares y sólo el 5 por ciento de los 750 casos estudiados recibieron una condena.
¿Qué son las convenciones internacionales anticorrupción? ¿Argentina participa?
Las convenciones internacionales anticorrupción son acuerdos para que los países miembros se comprometan a adecuar, en la medida de lo posible, sus estructuras jurídicas a determinados estándares acordados en conjunto.
Argentina es actualmente miembro pleno de dos de las convenciones más importantes sobre el tema: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996). Sin embargo, nunca se dedicó a plasmar las normas internacionales en su Código Penal. ¿La sanción de la nueva Ley Penal Anticorrupción será el primer paso?