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LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014
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Mañana elecciones en el nuevo Colegio de Abogados Avellaneda Lanús

Los comicios del nuevo Colegio se realizarán mañana de 8 a 18 horas, en el Centro de Mediación de Lanús

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Luego de varios inconvenientes relacionados con el Delegado Organizador, Diego Molea, se realizarán las elecciones del nuevo Colegio de Abogados de Avellaneda y Lanús. Los comicios tendrán lugar el jueves 8 de mayo, de 8 a 18 horas en el Centro de Mediación de Lanús, ubicado en la calle Carlos Gardel 45, a la vuelta de la estación de Lanús.

La lista Alternativa Pluralista denunció varias irregularidades cometidas por Molea, entre ellas la decisión de otorgar  sólo 11 días hábiles para que los abogados pudieran empadronarse. Además de establecer estos plazos caprichosos, Molea intentó, por todos los medios, ocultar las elecciones.

Aunque algunos representantes de Alternativa Pluralista intentaron hacer que Molea cumpla una orden judicial que lo obligaba a publicitar las prorroga de las fechas de inscripción del 25 al 30 de abril, esta no se cumplió.

Por otro lado, en el mismo momento de la audiencia citada por el Juez por el amparo, llegó una notificación suscripta por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad Dr. Pablo Vera en la que se obliga a desalojar el espacio que Nestor Ciabbattoni, presidente del centro de Abogados y Procuradores de Avellaneda, tiene en el Polo Judicial de Avellaneda. En el mismo lugar funciona el Centro de Mediación del CALZ, que es presidido por Diego Molea.

 

07/05/14


José López es el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

La Lista Gente de Derecho obtuvo el 61% de los votos y logró imponerse en las elecciones que definieron las autoridades de la Institución de abogados para el período 2014-2016

El Dr. López resultó electo Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el marco de las elecciones donde la entidad de letrados porteños definió quiénes serán sus autoridades para el periodo 2014-2016.

López llegó a la presidencia del CPACF a raíz de que su lista  obtuvo el  61 por ciento de los votos en el marco del acto eleccionario donde participaron 15.854 matriculados que se acercaron a votar entre las 8.00 y las 18.00.

El segundo lugar fue para la lista Abogados Pluralistas con el  31 % de los votos y en tanto la fuerza Bloque Constitucional  se quedó con el tercer lugar con el 5 por ciento de los sufragios de los letrados matriculados.

De este modo, Gente de Derecho tendrá 10 representantes en el Consejo Directivo de la entidad y Cambio Pluralista obtuvo 5.

Las nuevas autoridades tanto del Consejo Directivo, como del Tribunal de Disciplina y de la Asamblea de Delegados asumirán el próximo 2 de junio en un acto que se realizará en la sede de Avenida Corrientes 1441.

 

Fuente: CPACF


05/05/14


La Cámara Federal de Casación Penal revocó sobreseimiento por prescripción de María Julia Alsogaray

Lo dispuso la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Dejó sin efecto la resolución deun tribunal oral que había declarado extinguida la acción penal en un proceso por negociaciones incompatibles y ordenó continuar con el trámite de la causa

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, en el marco de las causas Nº 1253 y 783 de su registro, hizo lugar, por mayoría, a los recursos de casación interpuestos por el fiscal y la querella, revocando así la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 que había declarado extinguida la acción penal seguida en contra de la ex funcionaria Alsogaray por negociaciones incompatibles a la función pública y, en consecuencia, la había sobreseído.

En el voto que abre el fallo, el juez Gustavo M. Hornos revocó la decisión del Tribunal Oral Federal Nro. 6, al entender que no transcurrió el plazo de prescripción de la acción incoada en el caso respecto de María Julia Alsogaray y que no había resultado violada la garantía de juzgamiento en un plazo razonable.

En su voto, el juez Juan Carlos Gemignani consideró inconstitucional la normativa local que permite la prescripción de hechos cometidos por funcionarios públicos por implicar una grave afectación a los derechos humanos, toda vez que resulta obligación del Estado investigar los hechos de corrupción, juzgar y sancionar a los culpables.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)


28/04/14


Condenaron a María Julia Alsogaray a cuatro años de prisión

Es en la causa que la investigó por el delito de defraudación pública durante la privatizacíón de la ex empresa de telefonía estatal Entel. Ordenan su captura cuando la sentencia quede firme

La Justicia ordenó hoy la captura de la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, al ser condenada a cuatro años de prisión efectiva por el delito de defraudación pública durante la privatización de la ex empresa de telefonía estatal Entel en la década del 90.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6, en la Sala A del edificio de Comodoro Py 2002, en el marco del cuarto juicio que enfrenta Alsogaray. Los jueces ordenaron la captura de la ex funcionaria cuando la sentencia quede firme.

En esta causa se investigó el delito de administración fraudulenta cometido en el marco de la privatización de la ex empresa telefónica estatal Entel.

La Justicia la condenó a "inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena".

Se trata de la tercera condena que María Julia recibe tras enfrentar cuatro juicios orales: ya fue encontrada culpable por enriquecimiento ilícito y por irregularidades en su gestión en la Secretaría de Medio Ambiente.

Hoy, la Justicia ordenó hacer un cómputo de unificación de penas, y dispuso la "inmediata captura" de Alsogaray una vez que la sentencia "quede firme".        A partir de ese momento, las defensas tendrán diez días para apelar ante la Cámara de Casación Penal, y -con ese recurso- lograrán evitar que la sentencia quede firme.

 

Fuente: CIJ

 

21/04/14


Caso Marita Verón: dictaron penas de entre 10 y 22 años de prisión para los condenados

El Tribunal designado para la revisión del escandaloso fallo que absolvió a todos los acusados dispuso, además, la prisión preventiva de los condenados. El Fiscal y Trimarco habían pedido 25 años para los coautoresdel secuestro

El Tribunal de la Cámara Penal de Tucumáncondenó hoy a penas de entre 22 y 10 años de prisión a los diez condenados por el secuestro y promoción de la prostitución deMarita Verón. Además, nueve de ellos quedaron presos, y a una mujer le concedieron el arresto domiciliario por 15 días en el nuevo fallo tras la revisión ordenada por la Corte provincial.

Los camaristas Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez condenaron hoy a 22 años de prisión a José "Chenga" Gómez y Gonzalo Gómez por el secuestro de la joven tucumana y su sometimiento a la prostitución.

A su vez, el tribunal tucumano le dictó 18 años de prisión a Daniela Milhein, acusada de mantenerla cautiva para su explotación sexual. La misma pena recibió Alejandro González. En tanto, la condena fue de17 años para Carlos Luna y Pascual Andrada; 15 años para Azucena Márquez; 12 para Humberto Derobertis y diez años para Mariana Bustos.

A todos ellos, el Tribunal les dictó la prisión preventiva mientras la sentencia no esté firme. Mientras que a Paola Gaitán, quien fue condenada a diez años de prisión, le concedieron 15 días de arresto domiciliario. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 24 de abril.

Tanto los fiscales como los abogados de Susana Trimarco, la mamá de Marita, habían pedido la pena máxima de 25 años de prisión para quienes consideran coautores del secuestro: los hermanos Gómez, Milhein y González. Para los otros seis imputados, habían solicitado penas menores ya que los consideraban partícipes necesarios.

 

08/04/2014


Siguió este lunes un juicio oral contra María Julia Alsogaray

El Tribunal Oral Federal N° 6 de la Capital escuchó los alegatos de las defensas. es juzgada junto a otros tres imputados. Se investigan hechos ocurridos en el marco de la privatización de la ex ENTEL. Se reanuda el jueves

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital reanudó este lunes las audiencias de alegatos de las partes en un juicio oral contra María Julia Alsogaray. CIJ TV transmite en vivo.

El tribunal -integrado por los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino- comenzó a escuchar las exposiciones de las defensas.

La ex funcionaria es juzgada junto a Hernán Flaun, Juan Carlos Pyekenhayn y Gustavo Daneri, por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en el marco de la privatización de la ex empresa telefónica estatal ENTEL.

Cabe recordar que, en su alegato, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para Alsogaray; tres años de prisión para Daneri y dos años de prisión en suspenso para Flaun. En tanto, pidió la absolución de Pyekenhayn.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)


31/03/14


La Corte ordenó al Estado Nacional que haga pública información relacionada con los planes sociales

El tribunal hizo lugar al reclamo de una ONG contra el Ministerio de Desarrollo Social. Dijo que el Congreso debe dictar en forma urgente una ley que regule el modo en que las autoridades deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública

 

La Corte Suprema de Justiciña ordenó al Estado Nacional -Ministerio de Desarrollo Social- brindar la información íntegra requerida por la ONG -CIPPEC-, referida a planes sociales de asistencia a la comunidad que el Ministerio demandado administra.

La mencionada ONG había requerido que se le informara: 1) padrones de beneficiarios de transferencia limitada y/o subsidios otorgados en concepto de “ayuda social a personas” durante 2006 y 2007; 2) transferencias a “Otras instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro” sean estas organizaciones locales, instituciones comunitarias o asociaciones barriales, identificando individualmente el nombre de la organización receptora, programa bajo el cual recibe el subsidio y valor monetario de cada una de las transferencias realizadas en el año 2006 y 2007.

Además, había solicitado información sobre el alcance territorial y los funcionarios públicos de nivel nacional, provincial o local y representantes de organizaciones políticas, sociales o sindicales que intervengan en algún momento del proceso de la entrega de las prestaciones y de los intermediarios que otorgan los planes (municipios, organizaciones sociales, etc.).

Así, y en atención a lo resuelto por el Tribunal, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá dar a conocer el modo en que ejecuta el presupuesto público asignado por el Congreso de la Nación específicamente respecto de estos programas.

Para decidir de esta forma, los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda recordaron que en el precedente “ADC” del 4 de diciembre de 2013, el tribunal reconoció que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y por el art. 13.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

También se señaló que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias.

En este mismo orden de ideas, recordó que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos instó a los Estados a que respeten el acceso a la información pública a todas las personas y a promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.

Agregó que las obligaciones del Estado Nacional en la materia también han sido señaladas, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión” elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que reconoció que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho.

También, con cita del precedente “Claude Reyes” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Esta doble vertiente debe entenderse como derecho individual de toda persona descrito en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada.

Así, haciendo propio lo manifestado por el Tribunal internacional, en el fallo se sostiene que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

En concordancia con ello, se afirmó que la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas.

Asimismo, se afirmó que el Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores.

También reiteró que la información debe ser entregada sin necesidad de que el requirente acredite un interés directo para su obtención o una afectación personal, tal como lo establece el art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ello por cuanto, y tal como lo señaló el Comité Jurídico Interamericano, el acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al interés que los justifica.

En tal contexto, los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda sostuvieron que la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud de información de carácter público, pues esta no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina, Sostuvieron que de poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materias de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal.

El voto también concluyó que cuando se trata de información pública el Estado Nacional está obligado a permitir a cualquier persona acceder a ella en tanto no se refiera a datos “sensibles” cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor.

También se subrayó que, según la ley, los “datos sensibles” son los que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas.

En razón de ello, se destacó que atento que la información reclamada por CIPPEC no se refería a ninguno de los aspectos señalados, no podía ser calificada como “sensible” . En consecuencia, se concluyó que la negativa del Estado Nacional a acceder a lo solicitado por la actora carecía de sustento legal y las razones brindadas para fundar esa decisión aparecían como meras excusas para obstruir el acceso a la información. En este contexto, se señaló que debe prevalecer el principio de máxima divulgación de la información pública.

Así, se entendió que los datos solicitados, debidamente evaluados por CIPPEC, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales  establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos.

Por estas razones, se concluyó que la negativa del Estado a brindar esta información a la asociación que la requirió resulta ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto.

Manifestaron los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda que la conducta asumida por el Estado Nacional atentaba inválidamente contra los valores democráticos que animan el derecho de los ciudadanos de acceder a información de interés público.

En el voto también se hizo hincapié en la trascendencia que revisten los programas de asistencia social a cargo del Estado Nacional para proveer a lo conducente para el desarrollo humano y lograr el objetivo del progreso económico con justicia social e igualdad de oportunidades (conf. art. 75, inc. 19, de la Constitución Nacional). En razón de ello, se remarcó que la publicación de la nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad que los hace merecedores de esa ayuda pero, en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad verificar, entre otros aspectos, si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación.

Por último, atendiendo al reclamo social existente en nuestro país y a las recomendaciones formuladas en foros internacionales, se señaló que el legislador debe dictar urgentemente una ley que regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública.

Por su parte, los ministros Highton de Nolasco, Petracchi y Argibay votaron por separado aunque en sentido concordante con los principales fundamentos desarrollados por sus colegas. Señalaron que es inadmisible la defensa opuesta por el Ministerio de Desarrollo Social en el sentido de que permitir el acceso a los padrones de beneficiarios pondría en evidencia la situación de “vulnerabilidad” social en que se encuentra cada uno de los empadronados. Destacaron que la “vulnerabilidad” de muchos conciudadanos es una experiencia cotidiana que lastima a quienes la sufren y a quienes son testigos de ella, todos los días. No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario –expresaron-, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas.

Los ministros Petracchi y Argibay agregaron que la transparencia –no la opacidad- beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso, subrayaron; “la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de la fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio sino9 de la sociedad toda”, concluyeron.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)


26/03/14


El presidente de la Cámara de Casación pidió “eficiencia” a los jueces

solicitó a los jueces que integran tribunales orales que utilicen "al máximo el rendimiento" las salas de audiencias en relación con su productividad y extensión horaria". Recomendó la habilitación de días y horarios "inhabiles"

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, solicitó a los jueces que integran los tribunales orales federales y nacionales, mediante una resolución, que utilicen al “máximo rendimiento” las salas de audiencias en relación con su “productividad y extensión horaria”

 En esa advertencia, difundida “en tono amigable”, el magistrado recuerda a sus pares de las instancias orales el horario de inicio de las jornadas hábiles para la utilización de las salas, recomienda la habilitación de días y horarios “inhábiles” de ser necesario e insiste en que se comunique a la Cámara las “suspensiones, cese anticipado y/o sorpresivo de audiencias a fin de poder reasignar de inmediato dichos espacios”, consta en el documento.

En ese marco, el presidente de la Casación Penal remarcó que las salas pueden usarse desde las 7.30; destacó la posibilidad de “habilitar” días y horas por fuera del horario judicial y reclamó a todos los tribunales orales que comuniquen a Casación “las suspensiones, cese anticipado y/o sorpresivo de audiencias a fin de poder reasignar de inmediato dichos espacios a otros tribunales y juzgados”.


La Corte Suprema realizará este jueves el acto de apertura del año judicial

Será a las 12, en la Sala de Audiencias, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Estará encabezado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y participarán ministros del Máximo Tribunal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará próximo jueves, a las 12, en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales, el acto de apertura del año judicial.

Será encabezado por el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y participarán ministros de la Corte Suprema.

El Centro de Información Judicial transmitirá  todas las instancias del acto a través de CIJ TV.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)

 

05/03/14


La Corte dictó una acordada con relación a la ley de ingreso al Poder Judicial

Aprobó los formularios que deberán serpresentados ante las cámaras de la jurisdicción a las quelos interesados deseen postularse. Los tribunales mantendrán atribuciones de designación y promoción hasta que entre en funcionamiento el nuevo régimen

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la acordada 49/2013, firmada el pasado 20 de diciembre, aprobó el “formulario de inscripción como postularse a ingresar al Poder Judicial de la Nación”, en el marco de la ley 26.861, que establece el procedimiento de concurso público para el ingreso en los cargos de letrados, de empleados y personal obrero y de maestranza del Poder Judicial de la Nación.

La presentación de los formularios de inscripción, indicó la acordada, “se realizará durante el mes de marzo de 2014, ante las cámaras nacionales y federales en cuya jurisdicción los interesados deseen postularse”. Dichas cámaras deberán establecer el mecanismo para asegurar su recepción y extender la constancia de inscripción respectiva, agregó.

Asimismo, declaró que “hasta que se produzca la efectiva puesta en funcionamiento del régimen de ingreso que contempla la ley 26.861, lo que dispondrá esta Corte como autoridad de aplicación, los tribunales mantendrán las atribuciones de la acordada de Fallos 240:107 para la designación y promoción de empleados, efectivos o interinos, en cargos de planta, o contratados”.

Por otro lado, el Máximo Tribunal fijó que los cargos de ingresos, a los efectos establecidos en la ley 26.861, serán los establecidos en el escalafón aprobado por la acordada 9/2005, a saber: de ayudante para el personal llamado de “maestranza y oficios” en la ley (art. 19), de auxiliar para el personal denominado “empleados” (art. 20) y de secretarios y prosecretarios que requieren título de abogado para los funcionarios “letrados” (art. 28).

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)

 

07/02/14


Comenzará el 24 de febrero el juicio por los hechos del 20 de diciembre de 2001

El debate será encabezado por el Tribunal Oral Federal N° 6 de la Capital. Entre los 17 imputados se encuentran los ex funcionarios Enrique Mathov y Rubén Santos. Se investigan los delitos de homicidio y lesiones, cometidos en perjuicio de 123 víctimas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital dará inicio el próximo 24 de febrero, a las 10.30, al juicio oral en la causa N° 1527 caratulada “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001.

El tribunal está integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoategui, Rodrigo Giménez Uriburu y  Adrián Martín (juez sustituto).

Entre los acusados se encuentra el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. También están imputados Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Emilio Juárez, Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante, Raúl Roberto Andreozzi, Norberto Edgardo Gaudiero, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia.

En el proceso se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti. También se investigan lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.

Fueron convocados alrededor de 500 testigos.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)

 

05/02/14


Este artículo fue publicado con anterioridad a Diciembre de 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.

Mañana elecciones en el nuevo Colegio de Abogados Avellaneda Lanús

Los comicios del nuevo Colegio se realizarán mañana de 8 a 18 horas, en el Centro de Mediación de Lanús

Mañana elecciones en el nuevo Colegio de Abogados Avellaneda Lanús

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Luego de varios inconvenientes relacionados con el Delegado Organizador, Diego Molea, se realizarán las elecciones del nuevo Colegio de Abogados de Avellaneda y Lanús. Los comicios tendrán lugar el jueves 8 de mayo, de 8 a 18 horas en el Centro de Mediación de Lanús, ubicado en la calle Carlos Gardel 45, a la vuelta de la estación de Lanús.

La lista Alternativa Pluralista denunció varias irregularidades cometidas por Molea, entre ellas la decisión de otorgar  sólo 11 días hábiles para que los abogados pudieran empadronarse. Además de establecer estos plazos caprichosos, Molea intentó, por todos los medios, ocultar las elecciones.

Aunque algunos representantes de Alternativa Pluralista intentaron hacer que Molea cumpla una orden judicial que lo obligaba a publicitar las prorroga de las fechas de inscripción del 25 al 30 de abril, esta no se cumplió.

Por otro lado, en el mismo momento de la audiencia citada por el Juez por el amparo, llegó una notificación suscripta por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad Dr. Pablo Vera en la que se obliga a desalojar el espacio que Nestor Ciabbattoni, presidente del centro de Abogados y Procuradores de Avellaneda, tiene en el Polo Judicial de Avellaneda. En el mismo lugar funciona el Centro de Mediación del CALZ, que es presidido por Diego Molea.

 

07/05/14


José López es el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

La Lista Gente de Derecho obtuvo el 61% de los votos y logró imponerse en las elecciones que definieron las autoridades de la Institución de abogados para el período 2014-2016

El Dr. López resultó electo Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el marco de las elecciones donde la entidad de letrados porteños definió quiénes serán sus autoridades para el periodo 2014-2016.

López llegó a la presidencia del CPACF a raíz de que su lista  obtuvo el  61 por ciento de los votos en el marco del acto eleccionario donde participaron 15.854 matriculados que se acercaron a votar entre las 8.00 y las 18.00.

El segundo lugar fue para la lista Abogados Pluralistas con el  31 % de los votos y en tanto la fuerza Bloque Constitucional  se quedó con el tercer lugar con el 5 por ciento de los sufragios de los letrados matriculados.

De este modo, Gente de Derecho tendrá 10 representantes en el Consejo Directivo de la entidad y Cambio Pluralista obtuvo 5.

Las nuevas autoridades tanto del Consejo Directivo, como del Tribunal de Disciplina y de la Asamblea de Delegados asumirán el próximo 2 de junio en un acto que se realizará en la sede de Avenida Corrientes 1441.

 

Fuente: CPACF


05/05/14


La Cámara Federal de Casación Penal revocó sobreseimiento por prescripción de María Julia Alsogaray

Lo dispuso la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Dejó sin efecto la resolución deun tribunal oral que había declarado extinguida la acción penal en un proceso por negociaciones incompatibles y ordenó continuar con el trámite de la causa

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, en el marco de las causas Nº 1253 y 783 de su registro, hizo lugar, por mayoría, a los recursos de casación interpuestos por el fiscal y la querella, revocando así la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 que había declarado extinguida la acción penal seguida en contra de la ex funcionaria Alsogaray por negociaciones incompatibles a la función pública y, en consecuencia, la había sobreseído.

En el voto que abre el fallo, el juez Gustavo M. Hornos revocó la decisión del Tribunal Oral Federal Nro. 6, al entender que no transcurrió el plazo de prescripción de la acción incoada en el caso respecto de María Julia Alsogaray y que no había resultado violada la garantía de juzgamiento en un plazo razonable.

En su voto, el juez Juan Carlos Gemignani consideró inconstitucional la normativa local que permite la prescripción de hechos cometidos por funcionarios públicos por implicar una grave afectación a los derechos humanos, toda vez que resulta obligación del Estado investigar los hechos de corrupción, juzgar y sancionar a los culpables.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)


28/04/14


Condenaron a María Julia Alsogaray a cuatro años de prisión

Es en la causa que la investigó por el delito de defraudación pública durante la privatizacíón de la ex empresa de telefonía estatal Entel. Ordenan su captura cuando la sentencia quede firme

La Justicia ordenó hoy la captura de la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, al ser condenada a cuatro años de prisión efectiva por el delito de defraudación pública durante la privatización de la ex empresa de telefonía estatal Entel en la década del 90.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6, en la Sala A del edificio de Comodoro Py 2002, en el marco del cuarto juicio que enfrenta Alsogaray. Los jueces ordenaron la captura de la ex funcionaria cuando la sentencia quede firme.

En esta causa se investigó el delito de administración fraudulenta cometido en el marco de la privatización de la ex empresa telefónica estatal Entel.

La Justicia la condenó a "inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena".

Se trata de la tercera condena que María Julia recibe tras enfrentar cuatro juicios orales: ya fue encontrada culpable por enriquecimiento ilícito y por irregularidades en su gestión en la Secretaría de Medio Ambiente.

Hoy, la Justicia ordenó hacer un cómputo de unificación de penas, y dispuso la "inmediata captura" de Alsogaray una vez que la sentencia "quede firme".        A partir de ese momento, las defensas tendrán diez días para apelar ante la Cámara de Casación Penal, y -con ese recurso- lograrán evitar que la sentencia quede firme.

 

Fuente: CIJ

 

21/04/14


Caso Marita Verón: dictaron penas de entre 10 y 22 años de prisión para los condenados

El Tribunal designado para la revisión del escandaloso fallo que absolvió a todos los acusados dispuso, además, la prisión preventiva de los condenados. El Fiscal y Trimarco habían pedido 25 años para los coautoresdel secuestro

El Tribunal de la Cámara Penal de Tucumáncondenó hoy a penas de entre 22 y 10 años de prisión a los diez condenados por el secuestro y promoción de la prostitución deMarita Verón. Además, nueve de ellos quedaron presos, y a una mujer le concedieron el arresto domiciliario por 15 días en el nuevo fallo tras la revisión ordenada por la Corte provincial.

Los camaristas Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez condenaron hoy a 22 años de prisión a José "Chenga" Gómez y Gonzalo Gómez por el secuestro de la joven tucumana y su sometimiento a la prostitución.

A su vez, el tribunal tucumano le dictó 18 años de prisión a Daniela Milhein, acusada de mantenerla cautiva para su explotación sexual. La misma pena recibió Alejandro González. En tanto, la condena fue de17 años para Carlos Luna y Pascual Andrada; 15 años para Azucena Márquez; 12 para Humberto Derobertis y diez años para Mariana Bustos.

A todos ellos, el Tribunal les dictó la prisión preventiva mientras la sentencia no esté firme. Mientras que a Paola Gaitán, quien fue condenada a diez años de prisión, le concedieron 15 días de arresto domiciliario. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 24 de abril.

Tanto los fiscales como los abogados de Susana Trimarco, la mamá de Marita, habían pedido la pena máxima de 25 años de prisión para quienes consideran coautores del secuestro: los hermanos Gómez, Milhein y González. Para los otros seis imputados, habían solicitado penas menores ya que los consideraban partícipes necesarios.

 

08/04/2014


Siguió este lunes un juicio oral contra María Julia Alsogaray

El Tribunal Oral Federal N° 6 de la Capital escuchó los alegatos de las defensas. es juzgada junto a otros tres imputados. Se investigan hechos ocurridos en el marco de la privatización de la ex ENTEL. Se reanuda el jueves

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital reanudó este lunes las audiencias de alegatos de las partes en un juicio oral contra María Julia Alsogaray. CIJ TV transmite en vivo.

El tribunal -integrado por los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino- comenzó a escuchar las exposiciones de las defensas.

La ex funcionaria es juzgada junto a Hernán Flaun, Juan Carlos Pyekenhayn y Gustavo Daneri, por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en el marco de la privatización de la ex empresa telefónica estatal ENTEL.

Cabe recordar que, en su alegato, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para Alsogaray; tres años de prisión para Daneri y dos años de prisión en suspenso para Flaun. En tanto, pidió la absolución de Pyekenhayn.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)


31/03/14


La Corte ordenó al Estado Nacional que haga pública información relacionada con los planes sociales

El tribunal hizo lugar al reclamo de una ONG contra el Ministerio de Desarrollo Social. Dijo que el Congreso debe dictar en forma urgente una ley que regule el modo en que las autoridades deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública

 

La Corte Suprema de Justiciña ordenó al Estado Nacional -Ministerio de Desarrollo Social- brindar la información íntegra requerida por la ONG -CIPPEC-, referida a planes sociales de asistencia a la comunidad que el Ministerio demandado administra.

La mencionada ONG había requerido que se le informara: 1) padrones de beneficiarios de transferencia limitada y/o subsidios otorgados en concepto de “ayuda social a personas” durante 2006 y 2007; 2) transferencias a “Otras instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro” sean estas organizaciones locales, instituciones comunitarias o asociaciones barriales, identificando individualmente el nombre de la organización receptora, programa bajo el cual recibe el subsidio y valor monetario de cada una de las transferencias realizadas en el año 2006 y 2007.

Además, había solicitado información sobre el alcance territorial y los funcionarios públicos de nivel nacional, provincial o local y representantes de organizaciones políticas, sociales o sindicales que intervengan en algún momento del proceso de la entrega de las prestaciones y de los intermediarios que otorgan los planes (municipios, organizaciones sociales, etc.).

Así, y en atención a lo resuelto por el Tribunal, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá dar a conocer el modo en que ejecuta el presupuesto público asignado por el Congreso de la Nación específicamente respecto de estos programas.

Para decidir de esta forma, los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda recordaron que en el precedente “ADC” del 4 de diciembre de 2013, el tribunal reconoció que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y por el art. 13.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

También se señaló que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias.

En este mismo orden de ideas, recordó que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos instó a los Estados a que respeten el acceso a la información pública a todas las personas y a promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.

Agregó que las obligaciones del Estado Nacional en la materia también han sido señaladas, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión” elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que reconoció que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho.

También, con cita del precedente “Claude Reyes” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Esta doble vertiente debe entenderse como derecho individual de toda persona descrito en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada.

Así, haciendo propio lo manifestado por el Tribunal internacional, en el fallo se sostiene que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

En concordancia con ello, se afirmó que la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas.

Asimismo, se afirmó que el Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores.

También reiteró que la información debe ser entregada sin necesidad de que el requirente acredite un interés directo para su obtención o una afectación personal, tal como lo establece el art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ello por cuanto, y tal como lo señaló el Comité Jurídico Interamericano, el acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al interés que los justifica.

En tal contexto, los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda sostuvieron que la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud de información de carácter público, pues esta no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina, Sostuvieron que de poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materias de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal.

El voto también concluyó que cuando se trata de información pública el Estado Nacional está obligado a permitir a cualquier persona acceder a ella en tanto no se refiera a datos “sensibles” cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor.

También se subrayó que, según la ley, los “datos sensibles” son los que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas.

En razón de ello, se destacó que atento que la información reclamada por CIPPEC no se refería a ninguno de los aspectos señalados, no podía ser calificada como “sensible” . En consecuencia, se concluyó que la negativa del Estado Nacional a acceder a lo solicitado por la actora carecía de sustento legal y las razones brindadas para fundar esa decisión aparecían como meras excusas para obstruir el acceso a la información. En este contexto, se señaló que debe prevalecer el principio de máxima divulgación de la información pública.

Así, se entendió que los datos solicitados, debidamente evaluados por CIPPEC, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales  establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos.

Por estas razones, se concluyó que la negativa del Estado a brindar esta información a la asociación que la requirió resulta ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto.

Manifestaron los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda que la conducta asumida por el Estado Nacional atentaba inválidamente contra los valores democráticos que animan el derecho de los ciudadanos de acceder a información de interés público.

En el voto también se hizo hincapié en la trascendencia que revisten los programas de asistencia social a cargo del Estado Nacional para proveer a lo conducente para el desarrollo humano y lograr el objetivo del progreso económico con justicia social e igualdad de oportunidades (conf. art. 75, inc. 19, de la Constitución Nacional). En razón de ello, se remarcó que la publicación de la nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad que los hace merecedores de esa ayuda pero, en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad verificar, entre otros aspectos, si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación.

Por último, atendiendo al reclamo social existente en nuestro país y a las recomendaciones formuladas en foros internacionales, se señaló que el legislador debe dictar urgentemente una ley que regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública.

Por su parte, los ministros Highton de Nolasco, Petracchi y Argibay votaron por separado aunque en sentido concordante con los principales fundamentos desarrollados por sus colegas. Señalaron que es inadmisible la defensa opuesta por el Ministerio de Desarrollo Social en el sentido de que permitir el acceso a los padrones de beneficiarios pondría en evidencia la situación de “vulnerabilidad” social en que se encuentra cada uno de los empadronados. Destacaron que la “vulnerabilidad” de muchos conciudadanos es una experiencia cotidiana que lastima a quienes la sufren y a quienes son testigos de ella, todos los días. No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario –expresaron-, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas.

Los ministros Petracchi y Argibay agregaron que la transparencia –no la opacidad- beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso, subrayaron; “la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de la fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio sino9 de la sociedad toda”, concluyeron.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)


26/03/14


El presidente de la Cámara de Casación pidió “eficiencia” a los jueces

solicitó a los jueces que integran tribunales orales que utilicen "al máximo el rendimiento" las salas de audiencias en relación con su productividad y extensión horaria". Recomendó la habilitación de días y horarios "inhabiles"

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, solicitó a los jueces que integran los tribunales orales federales y nacionales, mediante una resolución, que utilicen al “máximo rendimiento” las salas de audiencias en relación con su “productividad y extensión horaria”

 En esa advertencia, difundida “en tono amigable”, el magistrado recuerda a sus pares de las instancias orales el horario de inicio de las jornadas hábiles para la utilización de las salas, recomienda la habilitación de días y horarios “inhábiles” de ser necesario e insiste en que se comunique a la Cámara las “suspensiones, cese anticipado y/o sorpresivo de audiencias a fin de poder reasignar de inmediato dichos espacios”, consta en el documento.

En ese marco, el presidente de la Casación Penal remarcó que las salas pueden usarse desde las 7.30; destacó la posibilidad de “habilitar” días y horas por fuera del horario judicial y reclamó a todos los tribunales orales que comuniquen a Casación “las suspensiones, cese anticipado y/o sorpresivo de audiencias a fin de poder reasignar de inmediato dichos espacios a otros tribunales y juzgados”.


La Corte Suprema realizará este jueves el acto de apertura del año judicial

Será a las 12, en la Sala de Audiencias, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Estará encabezado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y participarán ministros del Máximo Tribunal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará próximo jueves, a las 12, en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales, el acto de apertura del año judicial.

Será encabezado por el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y participarán ministros de la Corte Suprema.

El Centro de Información Judicial transmitirá  todas las instancias del acto a través de CIJ TV.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)

 

05/03/14


La Corte dictó una acordada con relación a la ley de ingreso al Poder Judicial

Aprobó los formularios que deberán serpresentados ante las cámaras de la jurisdicción a las quelos interesados deseen postularse. Los tribunales mantendrán atribuciones de designación y promoción hasta que entre en funcionamiento el nuevo régimen

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la acordada 49/2013, firmada el pasado 20 de diciembre, aprobó el “formulario de inscripción como postularse a ingresar al Poder Judicial de la Nación”, en el marco de la ley 26.861, que establece el procedimiento de concurso público para el ingreso en los cargos de letrados, de empleados y personal obrero y de maestranza del Poder Judicial de la Nación.

La presentación de los formularios de inscripción, indicó la acordada, “se realizará durante el mes de marzo de 2014, ante las cámaras nacionales y federales en cuya jurisdicción los interesados deseen postularse”. Dichas cámaras deberán establecer el mecanismo para asegurar su recepción y extender la constancia de inscripción respectiva, agregó.

Asimismo, declaró que “hasta que se produzca la efectiva puesta en funcionamiento del régimen de ingreso que contempla la ley 26.861, lo que dispondrá esta Corte como autoridad de aplicación, los tribunales mantendrán las atribuciones de la acordada de Fallos 240:107 para la designación y promoción de empleados, efectivos o interinos, en cargos de planta, o contratados”.

Por otro lado, el Máximo Tribunal fijó que los cargos de ingresos, a los efectos establecidos en la ley 26.861, serán los establecidos en el escalafón aprobado por la acordada 9/2005, a saber: de ayudante para el personal llamado de “maestranza y oficios” en la ley (art. 19), de auxiliar para el personal denominado “empleados” (art. 20) y de secretarios y prosecretarios que requieren título de abogado para los funcionarios “letrados” (art. 28).

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)

 

07/02/14


Comenzará el 24 de febrero el juicio por los hechos del 20 de diciembre de 2001

El debate será encabezado por el Tribunal Oral Federal N° 6 de la Capital. Entre los 17 imputados se encuentran los ex funcionarios Enrique Mathov y Rubén Santos. Se investigan los delitos de homicidio y lesiones, cometidos en perjuicio de 123 víctimas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital dará inicio el próximo 24 de febrero, a las 10.30, al juicio oral en la causa N° 1527 caratulada “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001.

El tribunal está integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoategui, Rodrigo Giménez Uriburu y  Adrián Martín (juez sustituto).

Entre los acusados se encuentra el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. También están imputados Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Emilio Juárez, Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante, Raúl Roberto Andreozzi, Norberto Edgardo Gaudiero, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia.

En el proceso se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti. También se investigan lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.

Fueron convocados alrededor de 500 testigos.

 

Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ)

 

05/02/14


Este artículo fue publicado el día MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014 y a esta fecha podría estar desactualizado. Recomendamos que sea utilizado sólo a modo de referencia y que ante cualquier duda, consulte con un profesional.